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La relación entre el gobierno federal y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido “reconstruida”, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, luego de la reunión que sostuvieron ayer ambas partes.

El funcionario afirmó que la conclusión de la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no significa el fin de las investigaciones del caso Iguala.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Campa informó que tras la reunión que sostuvo ayer con los familiares de los jóvenes desaparecidos, quienes mantienen un plantón frente a la Secretaría de Gobernación, se abre una oportunidad para mantener una relación en la que la prioridad es la búsqueda de la verdad y la justicia en torno a la desaparición de los normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

“Me parece que hoy tenemos la oportunidad de una relación, me parece, reconstruida, y de lo que se trata es cumplir los compromisos y seguir avanzando. Al final lo que importa es de llegar a la verdad, que se haga justicia y que se atienda a las víctimas. Fue una reunión con disposición para llegar a acuerdos”, destacó.

Mantendrán compromiso. El subsecretario comentó que el fin del mandato del GIEI —que concluye el próximo 30 de abril—, que durante más de un año coadyuvó con la Procuraduría General de la República (PGR) en las pesquisas, no significa de ninguna manera poner fin a la investigación del caso Ayotzinapa.

Campa Cifrián expuso también que tampoco se termina la relación con la Comisión Interamericana, sino que se abre un nuevo capítulo en la investigación de los hechos.

“Sabemos que la relación con la CIDH en este tema no termina con el GIEI, y sabemos que con base en la normatividad internacional aplicable hay un seguimiento que tendremos a partir de ahora con la Comisión”, detalló el subsecretario en alusión al nuevo mecanismo de seguimiento que se definirá entre todas las partes.

A pesar de que el GIEI concluye su mandato, dijo, el gobierno federal seguirá cumpliendo con el compromiso que tiene derivado de medidas cautelares que emitió la CIDH.

Confió en que el domingo 24 de abril, día en que el GIEI entregará su informe final, se expongan los temas que hacen falta por aclarar. Por lo pronto, esta semana los especialistas se reunirán con distintas instancias del gobierno federal para hacer un análisis de lo que se ha avanzado en el tema de la búsqueda de los 43 normalistas.

Durante el encuentro en Bucareli, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos expresaron su preocupación por el presunto espionaje telefónico del que han sido objeto algunos integrantes del movimiento.

El funcionario indicó que los familiares le cuestionaron sobre la difusión de una llamada telefónica del abogado Vidulfo Rosales, que fue difundida en redes sociales.

Dijo que expuso a los padres de los 43 la falta de sustento para afirmar que el gobierno federal sea el que interviene y difunde las llamadas.

“No existe sustento de que la responsabilidad [del espionaje] sea del gobierno. Esto nos preocupa porque implica un riesgo para los familiares”, destacó el funcionario.

Anunció que a la brevedad se buscará un encuentro entre los padres y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el que se tratarán diversos temas vinculados con la investigación del caso.

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