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La disculpa pública del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ante un caso de tortura cometido por militares en febrero de 2015 en el estado de Guerrero, marca la historia de esa institución al refrendar el respeto a los derechos humanos; el acto de desagravio es oportuno al enviar el mensaje de que no se tolerará esa forma de actuar, aunque no es suficiente para impedir que esta práctica continúe ni aminorará el daño a la imagen de México y sus instituciones, que causó la difusión del video en que se agrede a la joven Elvira Santibáñez, indican expertos consultados por EL UNIVERSAL.
El general de división en retiro, Luis Garfias Magaña, califica como oportuno que el titular de la Sedena saliera a dejar en claro que no fue correcta la actuación de los soldados. “La sociedad se dio cuenta de que el Ejército, desde su alto mando, está atendiendo el problema y que se va a corregir. Nos refleja un cambio de actitud en la institución para que se respeten los derechos humanos, así lo veo”, indica.
Al analizar el discurso, dice que “fue oportuna la disculpa; es una aclaración al público diciendo que son problemas que suceden, pero que no se van a permitir; los soldados tienen que respetar la disciplina militar y al público en general el mensaje fue que se atienden esos fenómenos”.
Carlos Daza Gómez, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, considera que el mensaje del general Cienfuegos “es un parteaguas de una institución rígida, cuadrada, a una respetuosa de las garantías individuales, de los derechos humanos, y que no va a permitir que quien se aparte de la norma quede impune.
“Enfrentar a todo un país, a los organismos internacionales y ofrecer una disculpa es más loable que quedarse callado.
Tenemos una Defensa Nacional que se rige bajo dos cánones: el respeto a la Constitución y ahora el respeto a los derechos humanos. El secretario le está dando a la ciudadanía la firmeza de que se van a respetar las garantías”, comenta.
Perseo Quiroz, director de Amnistía Internación (AI) México, considera que la disculpa que ofreció Cienfuegos, ante la tortura cometida a la mujer de la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, “se queda corta”, puesto que se insiste en que la participación de militares en casos de tortura es aislada.
“Si bien la disculpa es bien recibida, se trata más bien de una estrategia de control de daños y la disculpa pública debe ir más allá, con un verdadero compromiso; es decir, que se traduzca en el respeto real a los derechos humanos por parte de militares”.
Señala que la Sedena debe atender todas las violaciones a los derechos humanos que están documentadas desde hace mucho tiempo y que no se han resuelto. “Hemos documentado en México la tortura como una práctica endémica, así que el caso de esa mujer es un botón de muestra”.
José Antonio Guevara, ex visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, expone que la disculpa es una buena noticia y “se habían tardado el secretario de la Defensa y los altos funcionarios de este gobierno en mandar una señal inequívoca, clara, de la condena y el repudio político a la tortura”.
Miguel Sarre, especialista en derechos humanos y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), apunta que “deben destacarse dos cosas positivas: uno es el perdón, pero otro es algo muy fuerte, que es cuando dice que no se pueden emitir ni cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos, eso es de una importancia tremenda porque va a generar una crisis para bien dentro del Ejército, donde no es la orden del inmediato superior, sino la ley, lo que cuenta”. Lo negativo es que se presenta como un hecho aislado y no se hace referencia a la cadena de mando.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas de Puebla, expresa que con el perdón no hay un cambio de actitud en el Ejército y “el daño a la imagen en el ámbito internacional está hecho, la disculpa sólo aminorará el impacto”.
