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Elementos de la Policía Federal y policías municipales de Huitzuco de Figueroa, Guerrero, estarían involucrados en la desaparición de entre 15 y 20 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que viajaban en el autobús Estrella de Oro con número económico 1531, revela la indagatoria realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala.
Durante la presentación del segundo informe sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que están desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta, revelaron que esta nueva línea de investigación se desprende de un testigo presencial de los hechos, que es completamente ajeno a los grupos delictivos y corporaciones policiacas implicadas en este caso de desaparición forzada.
Larrieta Carrasco explicó que este nuevo testigo, quien ahora está bajo la protección de la Procuraduría General de la República (PGR), se acercó a ese organismo para rendir testimonio de forma voluntaria, el cual coincide con declaraciones de policías municipales de Iguala y con lo señalado por el conductor del autobús Estrella de Oro, y que además es congruente con otras pruebas que obran en el expediente.
Apoyados por un video y una maqueta para presentar ante los medios una reconstrucción de los hechos, el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala explicó que desde el primer informe que presentó la CNDH en julio de 2015 existían indicios de “una segunda ruta de desaparición de los 43 estudiantes normalistas”, es decir, que no todos los jóvenes de Ayotzinapa fueron trasladados, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula.
El ómbudsman aseguró que “la verdad en Iguala es una y no puede construirse o negociarse. Sólo llegaremos a la misma mediante investigaciones responsables, pertinentes e imparciales, sustentadas en elementos objetivos de convicción”.
La noche que desaparecieron. De acuerdo con datos obtenidos por el organismo nacional, un grupo de entre 15 y 20 estudiantes de la normal de Ayotzinapa intentó abandonar la ciudad de Iguala tras los primeros ataques de policías municipales a sus compañeros, por lo que tomaron la carretera 95 Iguala-Chilpancingo mientras eran perseguidos por dos patrullas de la policía municipal de Iguala.
Entre las víctimas que viajaban a bordo de esa unidad estaba el normalista Alexander Mora Venancio, cuyos restos han sido identificados por las autoridades federales a través de los peritajes que se realizaron en la Universidad de Innsbruck, Austria.
Con sus armas de cargo, los agentes municipales atacaron el autobús a balazos hasta que le poncharon las llantas delanteras y la unidad se vio obligada a detenerse a la altura del Puente del Chipote, a menos de 100 metros del Palacio de Justicia del Distrito Judicial de Hidalgo, que se localiza a un costado de la carretera.
Después, otra patrulla de la policía municipal de Iguala llegó en contraflujo hasta el Puente del Chipote para cerrar la pinza en contra de los normalistas. Encapuchados, equipados con piedras y grandes ramas, los uniformados atacaron el autobús hasta que obligaron a bajar a los estudiantes con el apoyo de gases lacrimógenos.
Uno por uno, los normalistas fueron sometidos a golpes, esposados y arrojados contra el suelo. Un grupo no especificado de normalistas fue subido a la patrulla de Iguala que arribó en contraflujo, pero el resto no cupo.
Larrieta Carrasco agregó que fue en ese momento cuando el testigo de los hechos escuchó que los agentes municipales de Iguala solicitaron el auxilio de sus colegas de Huitzuco de los Figueroa para que los jóvenes restantes fueran entregados al El Patrón, presunto líder criminal de Guerreros Unidos en ese municipio.
“Uno de los agentes de policía le dice a uno de sus compañeros: ‘Ya no caben en la patrulla’. En respuesta el otro agente señala: ‘No importa, ahorita vienen los de Huitzuco’. Instantes después, en sentido contrario, tal como llegó la patrulla que se ubicó al frente del autobús, arriban tres patrullas presumiblemente de Huitzuco. Empiezan a ser subidos los normalistas a estas camionetas patrulla”.
Antes de que se viera por última vez a este grupo de estudiantes, llegaron dos patrullas de la Policía Federal por esa misma carretera, de las que descendieron dos agentes de esa corporación, quienes dialogaron con tres elementos municipales de Iguala:
Agente de la PF: “¿Qué pasa con los chavos?”.
Uno de los tres policías municipales contestó: “Allá atrás chingaron a un compañero. Se los van a llevar a Huitzuco. Allá que El Patrón decida qué va a hacer con ellos”.
El mismo Policía Federal dijo: “Ah, ok, ok. Está bien”.
Larrieta Carrasco agregó que los federales vieron lo que ocurría hasta que desaparecieron las cuatro patrullas en las que se llevaron a los estudiantes con rumbo presumiblemente a Huitzuco, por lo que se puede desprender que, más allá de una omisión, consintieron la realización del acto delictivo.
“La conducta de los dos agentes de la PF que presencian y participan en los hechos trasciende a la omisión de haber actuado conforme a su condición de agentes de una corporación federal y a lo que las circunstancias les imponían por tratarse de una carretera federal. De confirmarse en las investigaciones ministeriales, los dos agentes habrían consentido el hecho de que los normalistas fueran sustraídos de la manera descrita, haría suponer que conocen de las actividades delictivas de los agentes de las dos corporaciones policiales municipales de Iguala y de Huitzuco y que participan de ellas, y haría suponer que también conocen a la persona que es referida como El Patrón, sentenció Larrieta.
Por lo anterior, la CNDH solicitó a la PGR que inicie una línea de investigación para aclarar lo que denominó una segunda ruta de desaparición de estudiantes normalistas, para lo cual emitió un total de 17 recomendaciones a esa dependencia.
El organismo nacional solicita al Ministerio Público de la Federación que ahonde en las declaraciones de los agentes municipales de Huitzuco, que vuelva a declarar a los agentes federales que fueron identificados por el testigo y recuperar los videos del Palacio de Justicia de Iguala que contengan imágenes de Puente del Chipote.
De igual forma, se solicita ampliar declaración de un elemento militar que acudió al Puente del Chipote en una motocicleta, quien tomó cuatro fotografías desde la parte de atrás y que posteriormente se retiró del lugar a pie, cuyas declaraciones en el expediente señalan que no se quedó a ver el desenlace de estos hechos y llegó cuando habían iniciado.
Asimismo, la CNDH solicitó también ampliar la declaración ministerial del conductor del autobús Estrella de Oro 1531, con el propósito de precisar todas las circunstancias del ataque a los estudiantes normalistas.
Por último, la CNDH solicitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que le entregue una copia de sus propias indagatorias para que ese organismo fortalezca sus pesquisas. En este punto, el presidente del organismo, Luis Raúl González Pérez, evitó pronunciarse sobre la salida del GIEI del país como ha solicitado el gobierno mexicano, con el argumento de que “es respetuoso” de las decisiones que tomen los organismos internacionales de derechos humanos.
Línea de investigación abierta. Después de que el organismo nacional dio a conocer su informe la PGR emitió un comunicado en el que informó que “en el marco de la investigación del caso Iguala ha sido receptiva con los planteamientos hechos por las diversas instancias en materia de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales”.
En el caso de la CNDH, explicó que ésta solicitó medidas cautelares para la protección y salvaguarda de una persona, “interviniente en el procedimiento penal, quien refiere la probable participación de elementos de otros cuerpos policiales en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala y Cocula, Guerrero. Ello, con el objeto de continuar y agotar las líneas de investigación que de manera permanente se han considerado, acorde al deber de exhaustividad, como eje rector en la procuración de justicia”.
Así, el testigo protegido que localizó la CNDH y que ha aportado información en este caso está bajo resguardo de la PGR. La dependencia confirmó que “estableció las medidas cautelares necesarias e idóneas para preservar su seguridad e integridad, así como la de su entorno familiar. Dichas acciones preventivas se han realizado por personal especializado”.
La dependencia informó que sobre la información que ayer hizo pública el organismo nacional, el Ministerio Público de la Federación “profundizará en esta línea de investigación y en su momento se darán a conocer los resultados que correspondan y respondan a los planteamientos que realiza la CNDH”.
Agregó que “reafirma que continúa con la investigación y persecución de los hechos de Iguala y Cocula, Guerrero, a efecto de que se sancione a todos y cada uno de los responsables de tan lamentable suceso”.
Policía Federal colabora. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) aseguró que el reporte que presentó la CNDH sobre el caso Ayotzinapa en el que se señalan a dos policías federales de participar en los hechos forma parte de la indagatoria.
“Los señalamientos de la CNDH sobre la supuesta participación de dos elementos de la Policía Federal fueron integrados con anterioridad al expediente y sobre los cuales se han desarrollado diversas diligencias por lo que no representan una aportación adicional al expediente", explicó.
En un comunicado la CNS aseguró que todos los elementos de la Policía Federal que estaban en la región han presentado su declaración ante el Ministerio Público, “algunos de ellos hasta en dos ocasiones, sin que hasta el momento se haya confirmado alguna responsabilidad en su contra.
“Desde el inicio de las investigaciones la Policía Federal ha aportado todos los elementos que se le han solicitado y ha dado seguimiento puntual al caso”, afirmó.
