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Los dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detenidos y acusados del cargo de desobediencia por agredir a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, no pueden ser juzgados por el delito de tortura por el fuero marcial, debido a que las leyes castrenses consideran que si la persona afectada no es un militar los implicados deben ser juzgados por tribunales civiles, explicó Juan Velásquez, abogado penalista.
“El 4 de enero la Procuraduría de Justicia Militar había consignado a los elementos sólo por delitos castrenses, porque la víctima era civil, y la justicia militar sólo puede conocer de los delitos de su jurisdicción, como es la desobediencia, que en este caso consistió en actuar en contra de las órdenes, que son respetar los derechos humanos de los civiles. En el momento en que se violan esas garantías hay desobediencia, por lo que se inició un juicio militar”, explicó Velásquez.
El abogado dijo que si el daño se hubiera hecho en contra de un integrante del Ejército los agresores debían de haber sido juzgados por el delito de tortura, el cual se considera en el Código Militar a través del delito de violencia contra las personas.
“En el Código de Justicia Militar claro que existen los delitos de tortura, que se denomina violencia contra las personas, pero aquí hay algo clave a tomar en cuenta: la víctima en este caso es un civil, por lo que la causa se divide para que la justicia militar se quede con los delitos de su jurisdicción y el fuero civil, en este caso la PGR, se quede con el delito de tortura”, detalló.
El general en retiro Luis Garfias Magaña, ex rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, consideró que la agresión también puede ser investigada bajo el delito de violencia contra las personas según el Código de Justicia Militar, que señala que hay una orden que se transgrede y afecta a un tercero, y sí es un delito grave.
El presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, y el coordinador del PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa, exigieron ayer aplicar todo el peso de la ley a los militares y policías federales implicados en este caso de Ajuchitlán, Guerrero, acusados por el delito de desobediencia en el fuero castrense.
Luego de la difusión del video en que el personal militar y un policía federal agreden a una mujer asfixiándola con una bolsa, el presidente del Senado pidió no desprestigiar a toda la institución de la Sedena, pero enfatizó que tendrá que aplicarse la ley contra los elementos.
“Un caso particular no puede provocar un ambiente generalizado. Por supuesto que hay casos de violaciones a derechos humanos atribuidos a agentes del Estado mexicano, pero son casos particulares que deben resolverse en el ámbito de la justicia”, dijo el panista.
Barbosa expuso que “es un desafortunado hecho que se torture, que se comete en muchas ocasiones, es una deformación del comportamiento de la autoridad”.
