Los militares y el presunto policía federal que torturaron a una mujer colocándole una bolsa para obtener una confesión, hechos que ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, deben ser juzgados por las autoridades civiles y no militares, dijo José Antonio Guevara, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Luego que se difundiera un video en las redes sociales en el que se observa a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y un elemento policiaco colocando a una mujer una bolsa de plástico en la cabeza para evitar que respire, el experto en defensa de los derechos humanos mencionó que no es un caso aislado pues se trata de una forma en que operan las instituciones.
“Es una muestra del tipo de política de seguridad que se instrumentó en el país para supuestamente combatir la delincuencia organizada, esos abusos son un patrón en México”, señaló.
Explicó que los involucrados deben ser investigados, procesados y castigados por la autoridad civil y no militar, debido a que se trata de tortura y “esperamos que la Procuraduría General de la República (PGR) de inmediato inicie las investigaciones en contra de la policía y los militares que participaron”.
José Antonio aseguró que cuando hay personal militar involucrado la PGR simplemente no investiga adecuadamente los delitos, pues no hay ningún caso en el que la dependencia haya consignado ante un juez a los responsables, “hay un problema de impunidad absoluta”.
“La participación de instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, es la única vía que tiene México para que se haga justicia en los casos de tortura porque en el país no hay voluntad para llevar a juicio a los responsables de tortura”, agregó.
tpc
