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El destino del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aún no está definido. El gobierno de México notificó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no tiene interés en extender su mandato de coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante lo que el presidente de la CIDH, James Cavallaro, respondió que es a ellos a quienes corresponde decidir o no la renovación de la misión de los especialistas.
La nueva controversia gira en torno al tiempo que el GIEI debe colaborar en la investigación. Según el acuerdo que firmaron ambas partes, el plazo vence el 30 de abril próximo y las autoridades indican que no hay posibilidad de extenderlo, mientras que los padres de los estudiantes solicitaron que su misión no concluya, por lo que el organismo analiza la petición.
En una sesión ante el pleno de la CIDH en Washington, D.C., una delegación de funcionarios mexicanos participó en una audiencia en la que se informó sobre los avances de la investigación del caso Iguala, que se traducen en 136 consignados, 111 personas detenidas, más de mil 500 acciones de búsqueda, más de mil 500 dictámenes periciales de diversa índole y el desahogo de las solicitudes que planteó el GIEI en las pesquisas durante dos periodos de mandato de seis meses cada uno.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en conferencia de prensa al hablar de la colaboración de los especialistas de la CIDH, expuso: “Creemos que ha transcurrido un tiempo suficiente, un poco más de un año, porque además hubo dos meses de una etapa intermedia dictada por el GIEI; ha transcurrido más de un año y es tiempo de que presente las conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano”, al expirar el segundo mandato conclusivo que se pactó con la Comisión.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, dijo que nada impide que en este tema se siga cooperando con la CIDH y destacó que la relación con el GIEI “ha sido positiva” y sus contribuciones “enriquecieron la investigación”.
Roberto Campa Cifrián dejó en claro que “el esquema de asistencia se diseñó siempre como temporal, y creemos que a partir de su naturaleza es que rinde frutos, como los que hemos mencionado hasta el momento”.
James Cavallaro dijo que el punto 10 del acuerdo firmado con el gobierno de México sobre el mandato del GIEI precisa que “podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
Por ello, el organismo esperará reunirse con los representantes del Estado mexicano, los familiares de los normalistas y sus abogados, para tomar una determinación antes del 24 de abril.
Destacó que “los familiares de los estudiantes solicitaron a la CIDH la renovación del mandato del GIEI hasta que se determine: la verdad de lo ocurrido, el paradero de los estudiantes y se haga justicia”, indicó.
Cavallaro expuso que la delegación del Estado mexicano que estuvo en Washington informó que su posición es que no se renueve el mandato del GIEI, pero reiteró que aún no hay nada definido y “corresponde a la CIDH adoptar una decisión sobre la renovación del mandato”.
El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), se dijo a favor de que, una vez que se decidió concluir la colaboración del GIEI, éste dé a conocer sus conclusiones. Dijo que eso no cancela otras posibilidades de supervisión internacional o de acompañamiento internacional, hoy o en el futuro. “El debate sobre la permanencia o no del GIEI es secundario, lo primordial es la justicia”, el conocer quiénes son los responsables de lo ocurrido.
