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natalia.gomez@eluniversal.com.mx
Desde 2012 el gobierno de Estados Unidos ha mantenido su señalamiento de que uno de los “problemas más significativos” en México es que la policía y las Fuerzas Armadas cometen “graves abusos” como “ejecuciones ilegales, tortura y desapariciones”.
En el informe sobre derechos humanos en el mundo publicado ayer por el Departamento de Estado se asegura que en el país persiste la impunidad por graves violaciones de derechos humanos. En sus tres reportes anteriores se mantiene esta evaluación y que otros “problemas graves” en México son la impunidad y la corrupción dentro de las fuerzas policiales y del sistema judicial.
Destaca que “la impunidad ante los abusos de derechos humanos sigue siendo un problema en todo el país con índices extremadamente bajos de persecución de todas formas de crimen”.
Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció ayer en Washington que México enfrenta retos y desafíos en materia de garantías.
En declaraciones a la prensa antes de que el Departamento de Estado presentara su informe, Cabañas dijo que “no sólo es una responsabilidad del gobierno federal, sino de los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— y de los tres poderes —Legislativo, Ejecutivo y Judicial—, pero le toca al gobierno federal encabezar el esfuerzo para atender esos retos”.
El informe indica que “ni información general sobre investigaciones del gobierno sobre denuncias de violaciones de derechos humanos ni información sobre casos específicos están fácilmente disponibles al público”.
En el análisis se describe lo que ha ocurrido en los casos de las desapariciones forzadas de los normalistas de Ayotzinapa y se hace referencia a que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes tiene extendida su labor hasta el 30 de abril próximo y que sus recomendaciones serán incluidas en el informe.
En el apartado de privación arbitraria o ilegal de la vida se narran los hechos de los casos de Tlatlaya, Estado de México, y Tanhuato, Michoacán.
El Departamento de Estado también denunció que el año pasado grupos criminales organizados “asesinaron, secuestraron e intimidaron a ciudadanos, inmigrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos” en el país.
Entre sus apartados subraya las malas condiciones de las cárceles, los arrestos y las detenciones arbitrarias, las amenazas y la violencia contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas, y la violencia contra los inmigrantes.
Se expresa preocupación por la violencia que experimentan grupos vulnerables tales como las mujeres, los discapacitados, los indígenas, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex [LGBTI] y los niños.
(Con información de DPA y EFE)
