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La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó en tres ocasiones a Clara Gómez González —conocida como Julia, la testigo de los hechos ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio de 2014— que acuda a ratificar los escritos en los que autoriza al Centro Prodh para que ejerza en su nombre la coadyuvancia y ofrecimiento de pruebas; sin embargo, dos de las notificaciones no han sido atendidas; la tercera tiene fecha de presentación para el 27 de abril.
Por medio de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que encabeza Eber Betanzos, la PGR mantiene abierta una investigación por violaciones graves a derechos humanos a partir de la reclasificación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 13 de enero de 2015; sin embargo, Gómez González, madre de una joven que murió durante el enfrentamiento entre soldados e integrantes del crimen organizado, ha hecho caso omiso de las notificaciones que se le han enviado.
Al respecto, el Centro Prodh dijo que solicitar la ratificación es revictimizar a Clara, por lo que aseguró que no es necesario que acuda, debido a que la dependencia identifica claramente a la víctima.
“Clara Gómez González está plenamente acreditada, amén de que tanto la orden de abatir como la recomendación de la CNDH obran en el expediente y tendría que ser la PGR quien oficiosamente investigara su contenido dado la gravedad de los delitos y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, explicó el Centro.
Fuentes ministeriales explicaron que en ningún momento se ha cuestionado su calidad de víctima, acreditada ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a petición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), desde la primera indagatoria.
En la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-I/298/2014, iniciada a partir de la recomendación de la CNDH, se recibieron dos escritos de Clara Gómez, uno en diciembre de 2015 y otro en enero de 2016, en los cuales solicita que se autorice a los abogados del Centro Prodh para ejercer la “coadyuvancia” y ofrecer pruebas, respectivamente.
La Dirección General de Atención y Seguimiento a Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de Derechos Humanos, dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, consideró pertinente solicitar la ratificación de dichos escritos a efecto de tener la certeza que fue Clara Gómez quien los suscribió, por lo que ha sido citada nuevamente.
Resolución. El Supremo Tribunal Militar de México debe resolver en breve la apelación presentada por la fiscalía castrense contra la absolución de siete de los ocho implicados en la muerte de 22 civiles en junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, dijo el abogado Juan Velázquez.
Velázquez, asesor de la defensa de los militares, precisó que el recurso de apelación fue presentado unos días después de la sentencia emitida por un tribunal castrense en octubre pasado, y estimó que “probablemente no tarde mucho” su resolución.
El oficial al mando de la unidad involucrada en la matanza registrada en una bodega de Tlatlaya fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, una pena que fue cumplida porque fue detenido a finales de septiembre de 2014.
Explicó que el oficial tenía una mayor responsabilidad que los miembros de la tropa que participaron en los hechos y por ello fue condenado a un año de cárcel.
Con información de EFE
