marco.muedano@eluniversal.com.mx
El gobierno federal aseguró que “no se va a prestar a chantajes” o “especulaciones” de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien acusó de llevar a cabo una campaña mediática con el propósito de que se disminuya la seguridad que tiene en el interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, El Altiplano, en el Estado de México.
“Por lo que corresponde al gobierno de la República, ni tregua ni alianzas ni pactos con el crimen. Los hechos así lo han demostrado, así lo demuestran”, aseguró el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Dijo que la defensa de Guzmán, así como algunas otras personas, buscan desviar la atención para que el El Chapo no sea tratado como criminal.
“Prueba de ello son las más recientes declaraciones de quien dice ser su hija. Se trata de señalamientos que carecen de soporte probatorio, cuyo único objetivo es deslegitimar a las instituciones”, dijo Sales Heredia.
Rosa Isela Guzmán, supuesta hija del líder del Cártel de Sinaloa, acusó el viernes, en entrevista con el diario inglés The Guardian, que “el gobierno rompió su promesa”, un “pacto que no se respetó”, y amagó con hablar sobre el financiamiento a campañas políticas.
Por la noche, la procuradora General de la República, Arely Gómez, confirmó que la dependencia solicitó asistencia jurídica de Estados Unidos para verificar las afirmaciones que hizo la supuesta hija de El Chapo Guzmán, Rosa Isela Guzmán.
En un mensaje a medios, Renato Sales refirió: “No vamos a ceder ante especulaciones cuyo único objetivo es desviar la atención, victimizar a este sujeto para relajar su vigilancia. Que no quede duda: en un país de leyes, como lo es México, toda acusación debidamente fundada ha de ser investigada y, en su caso, recibirá una sanción”.
En la Secretaría de Gobernación (Segob), Sales Heredia dijo que las medidas de seguridad que hay alrededor de Guzmán Loera forman parte de los protocolos de seguridad para un reo de alta peligrosidad. “No debemos olvidar que Joaquín Guzmán Loera ha dañado profundamente a nuestra sociedad. Sus acciones han causado la muerte de muchos mexicanos; ha envenenado a nuestros jóvenes y destruido a familias enteras. Les ha arrebatado un padre, una madre o un hermano. Son familias que merecen justicia y a quienes nos debemos en primera instancia”, dijo.
Sales explicó que, al ser reingresado al penal de El Altiplano, en torno al Chapo se implementaron medidas de seguridad especiales basadas en los artículos 18 de la Constitución y 45 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los protocolos vigentes para los Centros Federales de Readaptación Social y los que establece la ley sobre readaptación social de sentenciados.
Las medidas fueron confirmadas por el Consejo de la Judicatura Federal en la resolución incidental del juicio de amparo 298/2016-2 promovido por la defensa de Joaquín Guzmán, en la cual el juzgado Primero de Distrito en materia de amparo consideró que la seguridad debe de continuar.
Por separado, José Manuel Merino, director de Procedimientos Internacionales de la PGR, dijo que hasta ahora la institución no tiene conocimiento oficial de la defensa para ser “entregado en breve, vía extradición, al gobierno de Estados Unidos”.
Sobre las declaraciones del comisionado Sales Heredia, el abogado de Joaquín Guzmán, José Refugio Rodríguez Núñez, aseguró que la defensa de El Chapo continuará conforme a derecho. Mientras, el juez Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Victorino Hernández, concedió una suspensión de plano a Guzmán Loera para que reciba atención médica en El Altiplano, a fin de que sea tratado por problemas de gastritis e hipertensión arterial.