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marco.muedano@eluniversal.com.mx
A tres meses de la aplicación nacional del nuevo sistema de justicia penal, el gobierno federal inició la capacitación de personal de seguridad privada, alrededor de 70 mil elementos, según registros oficiales, que tendrán la facultad de auxiliar a las autoridades policiacas y ministeriales ante la comisión de delitos, como en el resguardo de la escena del crimen, y, de ser necesario, deberán declarar en procesos penales.
A fin de regular la formación de los elementos se creó la Guía de apoyo para la actuación del personal operativo de seguridad privada, como auxiliar de las autoridades que actúan como primer respondiente, que establece su capacitación en cuatro temas: conocimiento del hecho, arribo de la autoridad primer respondiente al lugar de los hechos o del hallazgo, preservación de los hechos y acciones posteriores.
Elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el documento reconoce como necesaria la capacitación del personal para colaborar con autoridades de seguridad pública y procuración de justicia.
El documento indica que “es inminente la necesidad de proveer material de apoyo al personal operativo de seguridad privada con el objetivo fundamental de estrechar la colaboración con las autoridades que funjan como primer respondientes: la policía y el Ministerio Público”, indica la guía que obtuvo EL UNIVERSAL.
Establece que el personal operativo de seguridad privada que tome conocimiento de un hecho tiene la obligación de avisar a la autoridad, resguardar el lugar, informar al Ministerio Público del fuero federal o común y auxiliar a la autoridad que actúe como primer respondiente de algún ilícito.
Respecto al arribo de la autoridad primer respondiente al lugar de los hechos o del hallazgo, los elementos ayudarán a los policías a identificar víctimas o testigos y, en su caso, deberá darles apoyo y desalojarlos del lugar.
“En la preservación de los hechos, darán el apoyo a la autoridad que actúe como primer respondiente, por lo que deberán evitar en todo momento contaminar los indicios que se encuentran en el lugar. Deberán cerrar las entradas y salidas, puertas y ventanas, las cuales vigilarán para permitir el paso únicamente al Ministerio Público, el personal de servicios periciales o el personal especializado en el procesamiento de los indicios”, instruye la guía.
En el rubro de acciones posteriores, los elementos de seguridad privada tendrán la obligación de suministrar la información que le requiera el Ministerio Público y la policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto, según lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, pueden ser citados a declarar en caso de que la autoridad lo requiera.
“El programa está diseñado para capacitar a todos los elementos operativos de los asociados. Sin embargo, no se puede realizar en un solo momento, porque no se puede quitar de sus funciones a todo el personal que está en operación; en este sentido, la formación será piramidal”, explica Mónica Chávez Chávez, gerente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Detalla que la capacitación que recibirá el personal operativo inició este mes y tendrá una duración de 40 horas. “Será en varias etapas. La primera consiste en la formación de instructores, para que a su vez repliquen el conocimiento a otros. Se les instruye sobre el marco legal, los lineamientos generales del sistema penal acusatorio, el plan de capacitación, el contenido, la forma de ejecución”.
Los cursos se darán en todos los estados, sin embargo, la prioridad son las zonas del país en las que el personal de seguridad privada tiene más presencia, como el Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León.
Destaca que el Estado es responsable de la instrumentación del sistema de justicia, puesto que la seguridad privada sólo actúa para prevenir el delito. La seguridad pública seguirá siendo la responsable directa, según sus facultades y atribuciones. “Sin embargo, los elementos deben estar capacitados para cumplir con su función de auxiliares cuando se presenten las circunstancias o se solicite su apoyo”, explica.
Según el registro de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de las empresas que tienen autorización federal para prestar servicios de seguridad privada, en el país existen mil 100 compañías autorizadas en las 32 entidades federativas para dar el servicio. Algunas de ellas cuentan con más de 10 sucursales en el país.
Según datos de la Asociación Mexicana de Seguridad Privada, Información, Rastreo e Inteligencia Aplicada, en los últimos años la Dirección General de Seguridad Privada, de la Comisión Nacional de Seguridad, registró que las empresas oficiales emplean a 70 mil elementos.
Al iniciar el actual sexenio el gobierno federal estimaba que en el país existían cerca de 8 mil empresas de seguridad privada, de las cuales sólo 700 cumplían con los requisitos necesarios para laborar.
