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La procuradora General de la República, Arely Gómez González, va contra los servidores públicos desleales, deshonestos e ineficientes que afectan a la dependencia que encabeza.
Al presidir la instalación del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y presentar el nuevo Código de Conducta para la PGR, Gómez González enfatizó que se trata de un mecanismo de nueva generación que se ajusta al marco jurídico de derechos humanos.
“La ética en el servicio público, el combate a toda forma de corrupción, la integridad en la función pública y la prevención de los conflictos de interés constituyen una exigencia ciudadana con la que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido y en la que se ha avanzado durante mi gestión al frente de la procuraduría”, dijo.
Mencionó que sentará las bases para un mayor compromiso de los servidores públicos que laboran en dicha dependencia, “para erradicar conductas negativas como la deslealtad, la deshonestidad y la ineficiencia”.
Acompañada por el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, y el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, la funcionaria afirmó que la instalación del comité satisface la demanda ciudadana de combatir la corrupción y transparentar la acción pública, a fin de recuperar la confianza de la sociedad.
En su oportunidad, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, manifestó que hablar de ética exige actuar con armonía, sin discriminaciones, sin abusos, con respeto a los valores fundamentales y a la integridad de las reglas laborales vigentes.
El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, señaló que la sociedad demanda rectitud y políticas de integridad por parte de las autoridades “y, en el caso de una institución encargada de impartir justicia como la PGR, acciones transparentes”.
Acciones. La Procuraduría General de la República (PGR), por medio de la Visitaduría General, obtuvo cuatro autos de formal prisión en contra del mismo número de ex agentes del Ministerio Público de la Federación por detenciones arbitrarias, cateos sin autorización y obstaculizar una investigación.
La dependencia informó que en un primer caso, dos elementos de la Policía Preventiva, adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), fueron acusados por cohecho.
En otro caso, el imputado practicó un cateo en Cuernavaca, Morelos, sin que tuviera autorización de la autoridad competente. En el Estado de México se ejerció la acción judicial contra un agente del Ministerio Público de Chalco por su probable responsabilidad por desviar u obstaculizar una investigación.
