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Un juez castrense adscrito a la Procuraduría General de Justicia Militar absolvió del delito de infracción de deberes a siete de ocho elementos del Ejército Mexicano presuntamente vinculados al caso Tlatlaya, reveló el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre.
Con este fallo, cuatro militares han sido completamente exonerados de cualquier responsabilidad por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, fecha en la que 22 civiles murieron tras un presunto enfrentamiento con el Ejército, en el que previamente habían sido absueltos de los delitos de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento en el fuero civil.
Aguirre explicó que la resolución se dictó desde el 14 de octubre de 2015 por el juez Sexto Militar adscrito a la Primera Región Militar, coronel Manuel Javier Francisco, dentro de la causa penal 338/2014, pero se conoció hasta ayer gracias a un juicio de amparo promovido por Clara Gómez González, una testigo conocida como Julia y madre de una menor de edad que murió el día de los hechos.
El abogado agregó que sólo un elemento castrense fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia en el fuero militar. Sin embargo, su pena fue compurgada y ahora goza de libertad absoluta. Se trata del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez.
Los otros cuatro militares que no están sujetos a proceso penal en el fuero civil ni ante la justicia militar y están libres, son: Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Alan Fuentes Guadarrama y Roni Martínez Atilano.
El abogado Aguirre explicó que la absolución dictada a Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y Roberto Acevedo López en el fuero militar es independiente de la causa penal que se les sigue en la justicia civil federal por el delito de homicidio calificado a los tres elementos.
A los tres se les dictó auto de formal prisión en octubre de 2015, por lo que se encuentran recluidos en la prisión del Campo Militar Número Uno mientras el proceso en su contra se sigue desahogando. El fallo en el fuero civil fue dictado por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México dentro del expediente 81/2014.
Para Santiago Aguirre esta determinación es el preámbulo de la impunidad en el caso Tlatlaya, debido a la fragmentación del expediente y a que la Procuraduría General de la República (PGR) se niega a realizar la comparecencia de los mandos militares involucrados en el operativo realizado el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
La otra diligencia que la dependencia a cargo de Arely Gómez González se niega a realizar es una junta de peritos de la PGR y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), puesto que la Procuraduría reconoce que ocho de las 22 personas fallecidas en Tlatlaya fueron asesinadas de manera extrajudicial, mientras que la CNDH considera que el número de víctimas por la actuación de los militares es de 15.
Aguirre explicó que ante dicha omisión el Centro Pro promovió un juicio de amparo, con el fin de que la PGR se vea obligada a realizar ambas diligencias y así esclarecer las contradicciones que existen en la versión oficial de los hechos y definir si los 22 civiles muertos fueron abatidos por las Fuerzas Armadas tras un enfrentamiento.
“La coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas”, explicó el litigante.
Sobre el caso Tlatlaya, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, ha dicho que la dependencia a su cargo está impedida de investigar por el acotamiento del fuero militar, al tiempo que ha expresado su deseo de que se castigue a los elementos castrenses si resultan responsables de cometer un delito.
En una entrevista concedida a EL UNIVERSAL el 29 de junio de 2015, el titular de la Sedena también advirtió que en caso de resultar inocentes los militares investigados regresarían a sus actividades normales.
“Nosotros quisiéramos saber realmente qué pasó y, si nuestra gente tiene responsabilidad, que se le castigue de acuerdo con la ley. Pero si no son culpables, la propia ley lo dice: si no son culpables son inocentes, y sí me gustaría saber si algún juez, en caso de que sean inocentes, así lo declara en su momento. Si no es así, nosotros seguiremos luchando; por la parte militar ellos cumplirán la pena que les corresponda y seguirán incorporados. La parte civil, que es la que sale de mi esfera, y dadas las acotaciones que se hicieron al fuero militar el año pasado, pues tendremos que esperar. Lo que puede suceder es que resulten culpables y serán castigados de acuerdo con la ley, y el propio juez determinará lo que corresponda. Y si son inocentes seguirán con sus actividades”, respondió el secretario a una pregunta sobre el caso Tlatlaya.
