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Será en periodo extraordinario cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobaría el dictamen sobre el desafuero de la diputada local Lucero Sánchez, vinculada con el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en caso de que la Sección Instructora así lo determinara, indicó el presidente del órgano legislativo, el diputado Ricardo Ramírez Nieto (PRI).
El legislador dijo que el periodo extraordinario sería en el mes de mayo, dado que los tiempos legales no alcanzan para que el desafuero, —en caso de salir a favor de la solicitud de la PGR—, se pueda realizar antes del 30 de abril, cuando concluye el periodo ordinario.
“El tiempo no alcanza. Vamos a tratar de sacarlo los 60 días hábiles que establece la ley, estamos hablando de mediados de mayo. Nosotros vamos a remitir a la Mesa Directiva el tiempo en que lo vamos a sacar, seguramente convocará al periodo extraordinario. Es definitivo que el tiempo que tenemos no alcanza”, aseguró.
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara Baja resaltó que en su declaración, la legisladora proporciona una versión opuesta a la señalada por la Procuraduría, que destaca que Sánchez López es operadora financiera del líder del Cártel del Pacífico, y que falsificó un documento oficial cuando acudió el 4 de septiembre de 2014 a una audiencia con El Chapo.
“Por la secrecía que merece y requiere el asunto, lo único que les puedo comentar es que ella dice que no cometió el delito que se le imputa”, dijo.
Ramírez Nieto destacó que en su declaración, la legisladora local les solicita acudir a diversas dependencia federales para que indaguen información con respecto al caso, entre las que se encuentran el Instituto Nacional Electoral (INE) y la misma PGR.
“Se remitirán una serie de oficios a diversas dependencias federales como parte de su estrategia defensiva. Forma parte del cúmulo de pruebas que pretende tener para producir su defensa. Son dependencias federales que inciden en el asunto”, explicó.
El diputado priísta afirmó que a partir de este martes comienza el periodo probatorio, en el que cada una de las partes tendrá que presentar sus pruebas.
“Los primero 10 días son para el ofrecimiento de pruebas correspondientes, tanto del Ministerio Público Federal y las que pretende ofrecer la defensa. Los 20 días siguientes son para el desahogo de las mismas”, detalló.
El legislador explicó que hoy inicia el periodo de 30 días, “mismos días que vencen el 29 de abril. Luego faltan tres días para la vista del Ministerio Público, otros tres para la vista de la parte acusada, y posteriormente, seis días para que emitan sus alegatos. Entonces no alcanza [el tiempo] para hacerlo en este periodo”, reiteró.
