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Las detenciones y declaraciones de presuntos delincuentes deben ser videograbadas para evitar que su defensa alegue tortura y obtengan su libertad bajo el argumento de que se violaron sus derechos humanos, propuso Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro.
Planteó además que las víctimas de tortura participen en el proceso de investigación y en las recomendaciones de derechos humanos.
Durante su intervención en el foro Ley Para Prevenir y Sancionar la Tortura, denunció que algunas organizaciones de la sociedad civil defienden a delincuentes que alegan maltrato para obtener beneficios económicos o que se eliminen las acusaciones en su contra.
“Estamos en contra de la tortura, pero nos preocupa el mal uso que se le da, puesto que hay organizaciones no gubernamentales que saben que no hay tortura y alegan que existió esta práctica por parte de alguna autoridad para cobrar la reparación del daño, es un incentivo perverso”, acusó.
Dijo estar en contra de la tortura, pero si un secuestrador, homicida o violador fue torturado por alguna autoridad, eso no lo hace inocente, “entonces, no debemos de perder de vista el espíritu de la justicia que es no dejar impune el delito. No podemos permitir que las víctimas sigan siendo invisibles”.
La activista lamentó que algunas organizaciones tomen casos de criminales para buscar su libertad y obtener beneficios económicos.
“Ningún país puede tolerar la tortura, es inaceptable y la condenamos de manera enérgica. Igualmente condenamos el uso perverso que hacen algunos abogados y procesados o imputados sobre el tema de la tortura para evadir su responsabilidad”, destacó.
Comentó que en todo caso, si un presunto delincuente fue torturado, debe ser indemnizado por la institución que lo afectó, pero debe seguir su proceso por el delito cometido.
Alto al Secuestro denunció que organizaciones como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos defienden a acusados de cometer delitos en lugar de ver por las víctimas.
Indicó que el relator Especial sobre Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, está vinculado con organizaciones no gubernamentales que defienden a secuestradores, y retoma esos casos para su informe sobre tortura en México.
Explicó que la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos tiene vínculos con la CEJIL —de la que fue fundador Méndez—, que ha defendido a operadores del narcotraficante Teodoro García El Teo, liberados por una recomendación del Comité contra la Tortura de la ONU y luego dos reaprehendidos por homicidio.
