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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar una versión pública de los partes informativos de mandos que tenían a su cargo a los elementos que participaron en un enfrentamiento con habitantes de la comunidad de Santa María de Ostula, Aquila, Michoacán, en 2015.
Un ciudadano solicitó a la Sedena los partes emitidos por el comandante a cargo de los soldados, por el superior jerárquico y por el comandante de la 21 Zona Militar, así como las fotos y materiales derivados. La dependencia señaló que la información estaba “reservada” por formar parte de una averiguación previa que se analiza en tribunales militares.
Sobre el parte informativo del comandante de la 21 Zona Militar, la Sedena aclaró que los hechos se desarrollaron en la jurisdicción de la 43 Zona Militar, ubicada en Apatzingán, Michoacán, por lo que no existía la información requerida.
La comisionada ponente, Areli Cano, explicó que se solicitaron dos Audiencias de Acceso a la Información para que las áreas administrativas presentaran la información requerida. También se pidió conocer si dentro de la averiguación previa número SC327/2015 Octavo, se encontraban los originales de las partes militares o si únicamente obra copia certificada de los mismos, y si cuentan con los partes informativos, solicitados por medio de la Ley de Transparencia.
En una primera respuesta, la Procuraduría General de Justicia Militar dijo que el comandante de la 43 Zona, no había enviado al Ministerio Público los partes militares en original, sino copia, pero el jefe del Estado Mayor informó que sí tiene los originales, pero que están reservados por formar parte de la averiguación previa.
“La existencia de los partes militares en original, fuera de la indagatoria, es relevante, porque a éstos no se les sería aplicable la reserva que contempla la ley, por no formar parte de la indagatoria”, dijo Cano.
Dado que los partes militares pueden contener datos personales como nombres de víctimas, civiles o presuntos responsables; así como nombres y firmas de militares con funciones operativas, e información que incida en las funciones de seguridad, se concluyó que la dependencia deberá elaborar versiones públicas en las que se proteja la información.
