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La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó iniciar el proceso de desafuero de la diputada de Sinaloa Lucero Guadalupe Sánchez López, vinculada a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, por lo que el próximo martes se instalará la sección instructora que será la responsable de llevar a cabo la declaración de procedencia.
La sección será presidida por los diputados Ricardo Ramírez Nieto (PRI), Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN), Omar Ortega Álvarez (PRD) y Sandra Méndez Hernández (PRI).
El pasado 1 de marzo la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a la secretaría general de la Cámara Baja la solicitud de desafuero de la legisladora Sánchez López.
La petición fue presentada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo) ante la presunta comisión del delito de uso de un documento oficial falso, por parte de la diputada, para visitar al líder del Cártel de Sinaloa en el penal de El Altiplano en abril de 2015, así como su probable participación con la delincuencia organizada.
El juicio de procedencia contra la diputada sinaloense que ganó bajo la coalición del PAN-PRD-PT y PAS (partido local) está acompañada de un expediente sobre el caso y la solicitud que hizo la PGR al Congreso de Sinaloa el pasado 8 de febrero.
El acuerdo resalta que la Cámara de Diputados es quien tiene la facultad exclusiva para declarar si hay o no lugar a ejercer la acción penal contra los servidores que hubiesen incurrido en delitos en los términos del artículo 111 de la Constitución, el cual señala: “Para proceder penalmente por delitos federales contra gobernadores, diputados locales (…), la declaración de procedencia será para el efecto que se comunique a las Legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y de Senadores son inatacables”, indica la Carta Magna.
El documento firmado por los ocho coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados describe que el acuerdo “entrará en vigor” al momento de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Regresa al Congreso. La diputada Lucero Sánchez regresó al Congreso de Sinaloa, después de que se le inició un procedimiento judicial por parte de la PGR por uso de documentos oficiales apócrifos. Allí dijo que no teme lo que resulte del proceso que enfrenta.
La legisladora panista se negó a brindar detalles sobre la investigación que existe en su contra, pero aseveró que cuando se resuelva el aspecto legal de su caso dará declaraciones.
Se negó a brindar cualquier información sobre la indagatoria que abrió la PGR en su contra, por recomendación de sus abogados, pero aseguró que continúa cumpliendo con su trabajo como legisladora.
Dijo sentirse agredida física y moralmente, por lo que evitó hacer comentarios sobre su situación anímica; “lo dejo al criterio de cada uno”, dijo.
Sánchez López está a punto de sumarse a la lista de siete legisladores que han sido sometidos al desafuero. Los tres primeros datan de 1945; el cuarto fue el senador por Sonora, Jorge Díaz Serrano (PRI), en 1983. El quinto fue el diputado local René Bejarano Martínez (PRD), el 5 de noviembre de 2004, seguido por el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en 2005. El último caso fue contra el legislador Julio César Godoy (PRD), el 10 de diciembre de 2010.
