Tras las conclusiones presentadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que señalan que en el basurero de Cocula, Guerrero, no fueron incinerados los 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió que analizan el documento pero el caso no está cerrado por lo que esperará los resultados del nuevo estudio que se acordó con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En el peritaje del EAAF, que fue entregado a la PGR, se advierte que no hay evidencias de fuego de la magnitud y duración necesaria para quemar a los normalistas; incluso sostuvieron que no hay elementos científicos para establecer correspondencia entre los elementos recuperados en el basurero y los normalistas.
Al respecto, la dependencia que encabeza la procuradora Arely Gómez enfatizó que el documento que recibieron del Equipo Argentino de Antropología Forense será analizado por el Ministerio Público de la Federación.
“Por otra parte, en el marco de la Audiencia Pública realizada el 20 de octubre de 2015 en Washington, con motivo del Caso Iguala, el Estado Mexicano y el Grupo Interamericano de Expertos Independientes (GIEI) formalizaron ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica del fuego con las siguientes características: Establecer de común acuerdo los objetivos y las condiciones para llevarlo a cabo; tomar de forma conjunta la decisión sobre los perfiles y la elección definitiva de los peritos y consensar el modo en que se realizará el estudio.
En ese sentido, aclaró que los puntos antes mencionados se desahogan con el GIEI y una vez finalizado el nuevo estudio será puesto a disposición de la autoridad ministerial para que oriente su determinación con elementos que le brinden una opinión conclusiva.
“El Ministerio Público de la Federación reitera que este caso no está cerrado; las investigaciones continúan y seguirán hasta que el último responsable sea consignado ante la autoridad judicial; la prioridad para esta representación social es el derecho de las víctima.
