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A más tardar el lunes la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará al Congreso de Sinaloa el desafuero de la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, con el objetivo de vincularla a proceso por el uso de documentos oficiales falsos, con los que se acreditó para visitar en abril de 2015 a Joaquín El Chapo Guzmán en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
La procuradora Arely Gómez González dio a conocer que aunque la legisladora Sánchez López niegue que conoce al líder del Cártel de Sinaloa, se tienen las pruebas suficientes que demuestran sus vínculos, por lo que confió en que se inicie con la declaración de procedencia contra la legisladora.
Entre las evidencias están grabaciones de su ingreso al penal cuando pretendió pasar con una identidad falsa, así como la información de inteligencia que da cuenta de que la diputada festejó Año Nuevo con el capo.
Autoridades de la PGR indicaron a EL UNIVERSAL que por el momento el desafuero se solicita por el uso de documentos falsos, pero existe un expediente abierto en su contra por delitos contra la salud, en el que se indagan hasta dónde llegan sus nexos con Guzmán Loera, y si ella participó de alguna manera en el plan de evasión que se consumó en julio de 2015.
Sobre el caso de Sánchez López, la procuradora dijo que “nosotros tenemos lista la consignación y el desafuero para presentarlo en el Congreso local para que inicie el procedimiento; lo estaremos presentando hoy [viernes] o el lunes. Está documentado, estaría difícil que no lo aceptara, están los videos de su ingreso al penal; está todo y después de la fuga [de El Chapo Guzmán] también tenemos elementos documentados sobre sus encuentros”.
Situación legal. De acuerdo con el artículo 111 constitucional, para proceder penalmente contra la diputada Guadalupe Sánchez, el Congreso local declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, sí o no ha lugar a proceder contra la legisladora.
“Si la resolución de la cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo... Para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales… la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”, señala dicho artículo.
La diputada, quien convivió con Guzmán Loera en Año Nuevo, interpuso tres demandas de amparo para no ser detenida; el Juzgado Tercero de Distrito en Sinaloa concedió una suspensión provisional para que no pueda ser privada de su libertad en caso de existir una orden de presentación.
El 20 de enero elementos de la División de Inteligencia de la Policía Federal cumplimentaron una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación cuando la legisladora salía de su domicilio; vía aérea, fue trasladada a la Ciudad de México a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde se reservó su derecho a declarar.
EL UNIVERSAL dio a conocer que la diputada por el Distrito 16 de Cosalá utilizó la tribuna del Congreso de Sinaloa para oponerse a los operativos de las Fuerzas Armadas cuando se intensificaron las movilizaciones en la zona del Triángulo Dorado para la recaptura de Guzmán Loera.
La legisladora intentó desacreditar a las Fuerzas Armadas y argumentó que se habían violado los derechos de los pobladores de Cosalá, Sinaloa y Tamazula, Durango; cuando en realidad el despliegue fue porque estaba ubicado el narcotraficante en esa zona.
