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La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó e inhabilitó de sus cargos a seis funcionarios federales implicados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ocurrida el 11 julio de 2015, quienes se encuentran detenidos.
La dependencia federal probó hechos en los que incurrieron los funcionarios para privilegiar al reo y permitir su fuga, por lo que fueron acreedores a la máxima pena que permite la Ley de Responsabilidades Administrativas, que es la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos en el gobierno.
El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, informó que la dependencia a su cargo concluyó las investigaciones que se abrieron por los hechos ocurridos en julio de 2015 en el penal de El Altiplano; sin embargo, las personas sancionadas pueden recurrir aún ante el Poder Judicial Federal.
Dentro de las principales causas que la Función Pública encontró para inhabilitar a los funcionarios está una reunión hecha el 31 de diciembre de 2014, en donde se autorizó a Guzmán Loera tener una televisión en su celda que no se debió permitir.
Además se omitieron protocolos para la activación del código rojo, abuso de cargo, así como no atender las llamadas de alerta, entre otros.
Los inhabilitados son: Celina Oseguera, coordinadora general de los Centros Federales de Readaptación Social, por la violación de distintas reglamentaciones, y no haber coordinado y presentado un presupuesto en 2015, para el mantenimiento del sistema de seguridad del penal; ni llevó acabo acciones para optimizar la seguridad.
Leonor García, directora técnica C y titular del área jurídica, fue destituida e inhabilitada por no declarar estado de alerta máxima cuando ocurrieron los hechos.
Valentín Cárdenas, director general del penal, omitió establecer coordinación con las fuerzas federales al momento de conocerse la fuga del capo, no activó el código rojo y abusó de su cargo en la sesión extraordinaria del 31 de diciembre de 2014, en donde se permitió el televisor a Guzmán. No justificó su ausencia de la prisión desde el jueves anterior a los hechos de julio.
Se sancionó también a Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario; Esteban Estrada Ramírez, oficial en prevención, quien no atendió las llamadas correspondientes y no activó el código rojo; y Juan Ignacio Cuarenta, supervisor del penal, por no atender las llamadas del centro de monitoreo.
