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Las quejas presentadas por Joaquín El Chapo Guzmán sobre supuestos actos de tortura y daños que ha sufrido su salud tras su reingreso al penal federal de El Altiplano sólo pretenden victimizarlo para poder presionar a la autoridad penitenciaria y lograr beneficios personales, advirtió la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
La dependencia a cargo de Renato Sales Heredia explicó a EL UNIVERSAL que Guzmán Loera pretende que no se le apliquen las medidas especiales de seguridad que se requieren para vigilar su comportamiento al interior de la cárcel, sin que esto implique una violación a sus derechos humanos.
La CNS agregó que las medidas excepcionales de seguridad que se le han impuesto a El Chapo están sustentadas en el último párrafo del artículo18 de la Constitución, en el cual se especifican las condiciones de reclusión y vigilancia que se les debe aplicar a quienes están ligados con los grupos de la delincuencia organizada.
La aclaración de la CNS y del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) se da luego del testimonio que el propio Guzmán Loera ofreció a un juez federal dentro de una diligencia informativa sobre una de las 10 causas penales que enfrenta.
En este marco, ambas dependencias reconocieron que el régimen de excepción implementado para vigilar al capo es consecuencia de las dos fugas que El Chapo ha logrado en prisiones federales de máxima seguridad, situaciones que se encuentran acreditadas dentro de su expediente.
De igual forma, la autoridad penitenciaria negó que al narcotraficante se le impidan las visitas familiares. Destacó que la gente cercana al capo no ha cumplido con los requisitos que marca la ley para que se les autorice el ingreso al centro penitenciario.
“La autoridad responsable del cumplimiento de la pena privativa de libertad dictada por la autoridad jurisdiccional competente no ha llevado a cabo acto alguno de tortura, maltrato físico o mental en su perjuicio”, reviró la Comisión Nacional de Seguridad.
El organismo que se encarga de administrar y vigilar los penales federales agregó que los reclamos que Guzmán Loera ha manifestado por su propia voz y a través de su abogado José Refugio Rodríguez son falsas y carentes de sustento, “por lo que no existe ninguna razón para creer o afirmar que su vida, su integridad o su salud se encuentren en peligro”.
