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Comisionados del Inai consideraron indispensable que la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción incluya la obligación de los funcionarios de rendir declaración de intereses y alcanzar a particulares.
En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que los comisionados presentaron sus propuestas en una reunión con senadores.
La comisionada presidente, Ximena Puente de la Mora, consideró que la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos debe incluir la obligación de que rindan declaración de intereses y alcanzar a las empresas que participen en actos de corrupción.
“En ese sentido, parte de los requisitos de las personas morales para participar en actos administrativos con beneficios económicos deben contar con una política de integridad en la que manifiesten abiertamente los intereses que persiguen”, destacó.
En su oportunidad el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que la legislación secundaria en materia anticorrupción debe tomar las medidas eficaces para evitar el uso indebido de las bases de datos.
Ante senadores de las comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, la comisionada Areli Cano Guadiana indicó que las cuestiones relativas a la prevención y la ética pública no deben estar contenidas en la ley como meros conceptos, sino desarrollar normativamente sus componentes.
La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos se refirió a la rendición de cuentas, como herramienta principal para el combate a la corrupción.
Conviene incluir una definición legal de “rendición de cuentas” y sugirió homologar el principio de documentación, con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia, que establece documentar todo acto de autoridad derivado de las competencias, facultades y funciones.
En su oportunidad el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, subrayó que el Senado de la República tiene la oportunidad de eliminar la disparidad legislativa en materia de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos.
Al referirse a la publicidad de la información relativa de los funcionarios públicos sancionados, dijo que esta difusión debe guardar coherencia con la Ley General de Transparencia.
“El Inai ha estimado que ese listado debe contar con una base documental que le permita veracidad y verificabilidad”.
El comisionado Joel Salas Suárez señaló que la implementación de las leyes secundarias en materia anticorrupción debe ser efectiva y debe dar resultados.
Destacó que dicha normatividad debe contemplar acciones de políticas públicas, prevención y control, que rompan con el sistema de la corrupción. Las leyes secundarias deben definir cómo se dotará a la población de mecanismos de denuncia a posibles funcionarios corruptos o actos de corrupción.
tpc
