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Es necesario que el gobierno federal inicie una nueva investigación en contra de David Korenfeld, ex titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por el mal uso de recursos públicos que realizó al utilizar un helicóptero de la dependencia en diferentes ocasiones para cuestiones personales, coincidieron especialistas en temas gubernamentales y corrupción.
Guillermo Cejudo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró: “La contraloría interna de Conagua, y en su momento la Secretaría de la Función Pública (SFP) tienen que revisar las bitácoras para averiguar si había una justificación de trabajo, porque aparentemente por las rutas no la hay”.
Mauricio Merino, profesor en El Colegio de México (Colmex) e investigador del CIDE, refirió: “Creo que es necesario hacer una investigación cuando hay un abuso de recursos públicos, lo que ameritará una sanción administrativa. Eso está previsto en la deficiente ley de responsabilidades. El mal uso, abuso o desviación de recursos públicos para fines personales es sancionable”.
Para Cejudo, Korenfeld cayó en una “conducta inapropiada que genera dentro de las dependencias una imagen negativa que impacta a las instancias anticorrupción”. Los especialistas coincidieron en que es posible que el gobierno federal inicie una investigación penal en contra del ex titular de la Conagua por el uso inadecuado de los recursos del erario público.
“Se le puede iniciar una investigación penal, pero eso depende de la indagatoria que haga el Órgano Interno de Control en caso de que se compruebe un delito de malversación de recursos. Tenemos que conocer cuál fue la denuncia inicial en su contra, pero evidentemente no fue correcta, porque no se detectaron estos otros vuelos en la investigación. Esto es un uso indebido de los recursos públicos para beneficio privado, y esto es una de las conductas de corrupción”, aseguró Cejudo.
“Hay que analizar el caso para determinar si se puede iniciar una investigación penal, lo seguro, hasta el momento, es una investigación administrativa por el uso de recursos que le fueron entregados, el abuso y desviación de recursos para fines privados”, refirió Mauricio Merino.
María Fernanda Diez Torres, vocera del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, pidió investigar y aplicar la ley al ex funcionario. “No puedes hacer uso indebido de los bienes del Estado, se tiene que demostrar que lo utilizó con fines particulares y sancionarlo”.
Diez Torres, que en los próximos días anunciará una propuesta junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puntualizó que si no se cumplen las leyes, entonces son letra muerta.
“Si se empiezan a cumplir las sanciones tendría que ser inhabilitado como servidor público. Todo conforme a derecho. El siguiente paso es ese, castigar la corrupción, para que no sigan habiendo actos de impunidad”, agregó Diez Torres.
