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Para combatir la criminalidad en países como México y Colombia es indispensable que las autoridades luchen contra la corrupción en campañas electorales y la entrega de contratos públicos, puesto que un político que paga para ganar un voto, tanto en dinero como en especie, es alguien que va a robar cuando acceda al cargo público, advierte el ex gobernador del departamento de Antioquia, Colombia, Sergio Fajardo Valderrama.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el también ex alcalde de Medellín agrega que pagar por votos es la principal forma de esclavitud del siglo XXI, debido a que los políticos que recurren a este método arrodillan a los electores y generan las condiciones de ilegalidad que favorecen al desarrollo del crimen organizado en un lugar o territorio.
Fajardo, profesor visitante no residente de la Càtedra Latinoamericana de Ciudadanía de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, es reconocido por lograr la disminución de la criminalidad en Medellín y promotor del programa Paz y Reconciliación —para incorporar a ex integrantes de los cuerpos de autodefensa a la sociedad colombiana.
Señaló que la corrupción es la organización criminal más difícil de combatir en cualquier país; defiende la existencia de una Policía Nacional con mando centralizado para avanzar en lucha contra los cárteles de la droga.
¿Cuáles fueron los pasos para avanzar en Medellín y Antioquia contra los grupos criminales?
—Medellín redujo el año pasado el número de homicidios a 20 casos por cada 20 mil habitantes. La fórmula más válida de todas es: todo espacio que se le quita a la criminalidad, hay que cubrirlo con oportunidades y con una institucionalidad que funcione y que permita a la comunidad sentir que hay una alternativa distinta a la fuerza que tiene la criminalidad sobre ese territorio.
La acción de la justicia tiene que ir coordinada y reforzarse con estas oportunidades. Estamos enfrentando a organizaciones criminales sofisticadas, por eso se requiere una acción contundente de la policía, de la Fiscalía y de todo el aparato de justicia para enfrentarlos, realizar las capturas e ir desarticulando a esos grupos.
Hemos ido ganando espacios institucionales en la lucha contra el narcotráfico, es una tarea de no acabar, que se debe mantener y que exige una coordinación que en México no existe, por la naturaleza de la organización de la policía. Nosotros tenemos una policía nacional coordinada desde el nivel central con las autoridades locales.
Hablaba de una Policía Nacional y en México hay un debate sobre la creación de un Mando Único Policial. ¿Qué tan importante es avanzar hacia este modelo?
—No tengo capacidad para opinar sobre lo que pasa aquí, pero ese Mando Único centralizado es muy importante. Es una formación, es una escuela y es una estructura que permite hacer ajustes e ir respondiendo a los retos que se presentan, tiene que haber capacidad de diseñar acciones especiales desde ese mando central para ayudar en problemas locales.
Si las policías no están articuladas en una sola fuerza, si cada quien tiene su propia corporación para enfrentar a unas empresas criminales de una envergadura única en el mundo, entonces esa organización tan precaria, tan débil —en el sentido de nivel municipal y estatal— no va a tener nunca la capacidad para enfrentar una criminalidad con esas proporciones y fuerza. La corrupción es fácil en ese nivel, son frágiles las policías estatales y municipales.
¿Qué le diría a los alcaldes y gobernadores de México para que renuncien a sus fuerzas policiacas, a ese coto de poder?
—La responsabilidad en cada región es de la persona que gobierna esa zona y la seguridad tiene que ser una obligación permanente de cada alcalde y de cada gobernador, por eso deben asumirla. Significa trabajar con la institucionalidad que se tenga y tener planes de seguridad, lugar por lugar y conocer el territorio. La peor fatalidad que puede ocurrir en seguridad es cuando se mezclan policía con politiquería, con intereses políticos, de puestos y de intervenciones políticas, porque ahí se destruye la posibilidad de construir confianza con la ciudadanía.
¿Qué medidas contra la corrupción aplicó como alcalde y gobernador?
—La primera es la forma en cómo se hace la política. Un ejemplo, nosotros nunca hemos pagado un solo peso a una persona para que vote por nosotros. En la forma en que se llega al poder, así se gobierna. Los que pagan para llegar, llegan para robar, así de sencillo, y eso impacta en las condiciones de desarrollo de los más humildes en una sociedad.
Esa estructura creada por la corrupción genera condiciones para la criminalidad, sino es que actúa con la criminalidad de forma directa y articulada para llegar al poder del Estado, esa es una fatalidad. La corrupción es una organización criminal más difícil de combatir que las guerrillas o las bandas criminales, esa es mi afirmación y la digo para Colombia, la corrupción es la peor condición que se puede tener para tratar de llegar a una sociedad más justa.
¿Dar despensas a cambio de votos es un acto de corrupción?
—Sí, creo que eso también es pagar para llegar, eso pone el énfasis en las carencias de las personas y nosotros queremos una sociedad en la que cada persona tenga una opinión, por humilde que sea, y la obligación de la política es la transformación de nuestras comunidades y cuando se reparte en dinero de una forma u otra se le está poniendo precio a las personas.
No hay que pagar para llegar, no hay que convertir la política en el favor, eso rompe el sentido de justicia en donde las personas tienen capacidad, si la política es de prebendas y de favores, los está arrodillando y se genera una expectativa sólo por ‘el que me van a dar’ y de esa forma se convierte a la gente en esclavos, para mi esa es la esclavitud del siglo XXI, no andamos con cadenas, pero dar limosnas a cambio de un favor político y de un voto es una perversión que genera las condiciones para la cultura de la ilegalidad en una sociedad.
