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Si la Procuraduría General de la República (PGR) logra acreditar que la actriz Kate del Castillo recibió recursos financieros de Joaquín El Chapo Guzmán para la realización de una película que narre la vida del capo, ocultando el origen de los mismos en el momento de su utilización, el Ministerio Público federal podría acusarla del delito de lavado de dinero, coincidieron expertos penalistas.
El ex titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Lara Rivera, advirtió que las autoridades ministeriales están obligadas a ser exhaustivas en la investigación de los contactos y negociaciones que sostuvieron ambas partes para la realización del filme, con el propósito de esclarecer si Kate del Castillo y el actor Sean Penn cometieron alguna conducta ilícita.
En ese sentido, el actual catedrático de la Universidad Anáhuac advirtió que si se acredita la transferencia de dinero procedente del narcotráfico a las empresas o cuentas bancarias de la actriz, se le podría acusar del delito de lavado de dinero u operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se sanciona con penas que van de cinco a 15 años de prisión.
“Con todos los elementos se podría valorar si ella incurrió en el delito de lavado de dinero o en el de tentativa de lavado de dinero, acreditando que se entregó algún tipo de recurso financiero para la realización de una película. Todos sabemos que el señor Guzmán Loera es narcotraficante y que sus recursos provienen de actividades ilegales, entonces cualquier civil que reciba dinero de procedencia ilícita incurre en el delito de lavado de dinero. Si se acredita la entrega de recursos o que existía la intención de hacerlo, se podría configurar dicho ilícito, pero atendiendo siempre la presunción de inocencia”, advirtió Lara Rivera.
Por separado, el presidente del Colegio de Derecho Penal de la UNAM, Carlos Daza Gómez, consideró que además de la acusación por lavado de dinero se les podría imputar el delito de encubrimiento previsto en el artículo 400 del Código Penal federal en su fracción tercera, el cual se castiga con penas de cárcel que van de los tres meses a los tres años, por favorecer el ocultamiento de un delincuente que era prófugo de la justicia.
En contraste, el abogado penalista Gabriel Regino consideró que la acusación por encubrimiento podría ser rechazada por un juez federal, debido a que para poder configurarla era necesario que la PGR citara a Sean Penn y a Kate del Castillo desde el momento en que se reunieron con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Sólo en caso de que se hubieran negado a dar datos sobre el paradero y las actividades del criminal, se les podría acusar de encubrimiento, como sucedió en el caso de Rodrigo Vallejo Mora tras la difusión de un video del encuentro que sostuvo con el líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta.
Jorge Lara consideró que la publicación de la entrevista realizada por Sean Penn a El Chapo en la revista Rolling Stone, “aunque se trate de un periodismo sui géneris” dificulta aún más la formulación de cargos por encubrimiento, ya que ambos actores pueden alegar la reserva de la fuente como cualquier periodista, además de que también pueden apelar al derecho de libre expresión, tanto en México como en Estados Unidos.
