La recaptura de Joaquín Guzmán Loera ha sido festinada por el gobierno federal como uno de los grandes logros de la presente administración. “Misión cumplida”, twitteó el titular del Ejecutivo Enrique Peña Nieto, quien posteriormente afirmó que esta captura “confirma la fortaleza de las instituciones”.
La andanada mediática y las declaraciones de voceros oficiales y oficiosos deshaciéndose en la exaltación y loas a las instituciones y a los órganos de inteligencia y seguridad del Estado mexicano, los mismos que se corrompieron y coludieron con este grupo delictivo, las mismas que fueron responsables de la fuga, no se hizo esperar, buscando convertir el que ha sido uno de los hechos más vergonzosos en la vida política del país, en un éxito.
El secretario de Gobernación ha exaltado también el trabajo leal y patriótico, a lo largo de seis meses, de las instituciones de seguridad del Estado mexicano que con la recaptura “le han cumplido a la ciudadanía”. En fin…
Qué bien que el señor Guzmán ha sido recapturado. Es lo menos que el Estado mexicano debía hacer para reparar sus propios errores y omisiones, y cumplir con sus responsabilidades. Pero por más enternecedor que ahora resulten las aspiraciones cinematográficas del Chapo Guzmán, el Presidente de la República debe informar y responder a la sociedad las siguientes interrogantes:
Quiénes fueron los funcionarios, y en qué dependencia pública están adscritos, que permitieron la fuga de Guzmán Loera del Altiplano. Ya que hasta ahora sólo se encuentran bajo proceso funcionarios de mandos medios y personal de custodia, cuando ha quedado demostrado que el nivel de operación y logística en el diseño y ejecución de esta fuga traspasó los muros del penal, involucrando tanto a los órganos de inteligencia y seguridad del Estado, como de otras áreas, y que si no tuvieron conocimiento o colusión con el grupo delictivo, al menos fueron omisas o negligentes ante estos hechos, sin que a la fecha se hayan deslindado responsabilidades para su castigo.
Quién desarrolló las labores de inteligencia que permitieron la ubicación y detención del señor Guzmán y otros individuos. Cuál es el nivel de desarrollo de las capacidades institucionales nacionales en esta materia y qué nivel de participación tuvieron agencias extranjeras en estos operativos.
Qué capacidad tiene el sistema penitenciario nacional para —ahora sí— garantizar la reclusión y custodia del personaje reaprendido. Cuáles son las capacidades institucionales para que éste sea juzgado por los delitos cometidos por el Poder Judicial en nuestro país, y cuál es la posición oficial del gobierno mexicano respecto a la solicitud de extradición del señor Guzmán a EU.
Cuáles fueron los costos económicos del operativo para reparar el fallo y la corrupción de las autoridades e instituciones ahora exaltadas, que requirió la recaptura del señor Guzmán.
Se necesita deslindar y asumir responsabilidades. El festejo podrá extenderse y querrá ser utilizado para atemperar las malas nuevas en la cuesta de enero, la caída del precio del petróleo y el desplome histórico del peso frente al dólar, pero ello no reparará los problemas y fallas estructurales que prevalecen pese a la recaptura: el empoderamiento de la delincuencia organizada, su enorme poder corruptor, la descomposición y vulnerabilidad de las instituciones públicas y la pérdida de confianza y de credibilidad en éstas.
Ello requiere un replanteamiento integral de la estrategia de combate a la delincuencia organizada y de las áreas de seguridad del Estado.
Podrá optarse por la salida fácil de la extradición.
Deshacerse de la “papa caliente” y apostar a convertir en película esta historia. Esperemos que por lo pronto resguarden al señor Guzmán en una celda del primer piso.
Senador de la República
