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"Las víctimas seguimos siendo las grandes olvidadas", consideró Isabel Mirande Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro en el Senado de la República, durante la Evaluación en la aplicación de la Ley General de Víctimas: "basta con ver la implementación del nuevo sistema de justicia penal, donde el rubro de víctimas es al que menos se le destina presupuesto creando así, un inequilibrio al no contar siquiera con abogados victimales”.
Miranda de Wallace también lamentó que las víctimas no sean la base del Sistema de Procuración y Administración de Justicia y que, por el contraria, sean ellas "las primeras a quienes vulneran ssus derechos no sólo jurídicos sino humanos, cuando las víctimas deben ser tomadas en cuenta en todos los procesos que giran a su alrededor".
Sin embargo, reconoció que han habido avances, aunque estos sean mínimos por lo que exhortó al Senado a hacer un cambio cuantitativo y cualitativo, donde se rompa con la burocracia y las ataduras con que hoy opera la Ley General de Víctimas y los diferentes sistemas judiciales.
En este sentido, Wallace expresó que se necesita que esta ley sea expedita, fácil en su aplicación y vinculante, es decir, que en todos los códigos de procedimientos penales los derechos de la víctima sean preponderantes, así como crear una cultura en Policías, Fiscales, Ministerios Públicos, Jueces, Magistrados y Ministros sobre los derechos de las víctimas, y que sobre todo, no olviden que el artículo 1o constitucional incluye a las victimas del delito y no únicamente a los procesados.
En el tema de las ayudas, comentó que las compensaciones deben ser oportunas y atinadas, pues las vítcimas no pueden seguir enfrentándose a la burocracia ni a estar inscritos en un inventario como si fueran objetos, ya que al 31 de octubre de 2015 la Comisón Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contaba con $1,028.2 millones de pesos para medidas de ayuda inmediata y reparación del daño, y sin embargo sólo 3 % (33 millones de pesos) de estos recursos fueron destinados a víctimas.
Por otro lado advirtió que es alarmante que la falta de equidad para las víctimas, prevalezca hasta en una ley que nació para satisfacer sus necesidades y para garantizarles el acceso a la justicia y reparación del daño; y reprochó que hoy, los imputados sean los más beneficiados por los fondos de la CEAV.
“Insistimos además, en la necesidad de que los estados tengan sus Comités de Atención a víctimas con abogados victimales para brindarles asesoría y acompañamiento, ya que actualmente muchos Gobernadores han hecho oídos sordos vulnerando con ello el derecho de las víctimas. La propia CEAV cuenta con sólo 21 asesores jurídicos para 32 entidades federativas, esta plantilla es insuficiente y una vez más se deja a las víctimas en estado de indefensión” finalizó Isabel Miranda de Wallace.
jlcg
