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natalia.gomez@ eluniversal.com.mx
En México, los derechos humanos han tenido un papel estelar durante el último año. Desde septiembre de 2014 la referencia nacional e internacional fue inevitable por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
La necesidad de dar transparencia a las acciones para enfrentar este crimen hicieron que en noviembre de ese mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmara un acuerdo con México para que un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) colaborara con el gobierno para las investigaciones del caso Iguala. El trabajo de los especialistas aún continúa.
La investigación estaba en curso mientras México debía desahogar compromisos en el ámbito internacional. En febrero de 2015 compareció por primera vez ante el Comité Contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra. Aunque en realidad la sesión estaba prevista antes de que fueran atacados los jóvenes, las autoridades mexicanas debieron hacer referencia obligada a la desaparición de los normalistas en manos de los policías municipales, coludidos con integrantes de un cártel del narcotráfico.
Especialistas en Derechos Humanos coinciden en que esas desapariciones forzadas así como las obligaciones que México debía cumplir en el ámbito internacional destacaron el tema que, hasta ese entonces, había permanecido con un perfil bajo.
Luis de la Barreda, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que no existen fronteras para el reclamo del respeto de las garantías individuales y que el señalamiento internacional ha obligado a México a poner mayor atención y reforzar procesos y mecanismos que los salvaguarden.
“La mirada internacional hace que además por conveniencia del país, económica, diplomática, turística y de imagen haya empeño en que los derechos humanos sean respetados”, aseguró De la Barreda.
En marzo de este año, Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, aseguró que en México la tortura es una práctica generalizada y que existe un contexto de impunidad.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó estas acusaciones y declaró que el relator era poco profesional y que había basado sus argumentos en sólo 14 casos. Méndez defendió su reporte al señalar que su versión se basaba en cientos de testimonios que recogió en cárceles y centros de detención.
“Las organizaciones de la sociedad civil vienen desde hace mucho denunciando esa situación y cómo se ha venido agravando, pero cuando combinas la denuncia interna con el señalamiento contundente de organismos internacionales no hace más que confirmar que las denuncias de hace años están en lo cierto”, explicó Denise González, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
La falta de resolución del ataque contra los normalistas de manera conjunta con la presencia en el país del Grupo Interdisciplinario de la CIDH hizo que el tema no saliera de la agenda. A inicios de septiembre el GIEI entregó su informe final sobre Ayotzinapa, en el que refutó la versión histórica de la Procuraduría General de la República (PGR), que señala que los cuerpos de los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula. El gobierno mexicano no aceptó esta versión y ordenó que se realizara un nuevo peritaje.
“Hemos avanzado mucho en 25 años y cuando pasa un hecho terrible como el de Ayotzinapa parece que no hemos avanzado, pero tenemos que ser capaces de evitar que hechos como ese o como el de Apatzingán o Tlatlaya se repitan”, expuso De la Barreda.
Entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita a México para observar la situación de derechos humanos, con especial énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Respaldaron la versión del GIEI y urgieron al gobierno de México a acatar las recomendaciones.
“La Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura”, detalló la CIDH al concluir su visita.
Denise González, de la Universidad Iberoamericana, subrayó que la mirada externa coloca al tema en la agenda pública de la sociedad mexicana.
“Eso no significa que el Estado mexicano vaya a responder, pues las organizaciones vienen denunciando desde hace varios años. El rechazo a los señalamientos internacionales no abona a la solución de los problemas”, comentó la académica.
De manera coincidente entre el 5 y el 7 de octubre el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, tenía prevista una gira de trabajo a México.
El último día de su visita al territorio nacional, el representante de la ONU ofreció un mensaje a los medios de comunicación en el que coincidió con los análisis del relator de tortura Juan Méndez y en el informe recién emitido por el GIEI.
Zeid Ra’ad Al Hussein hizo una relatoría de la crisis de derechos humanos que se vive en el país, donde señaló que muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y algunos integrantes del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.
En una parte de su mensaje señaló: “En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, con lo que pidió a las autoridades mexicanas no desacreditar los señalamientos de los organismos internacionales relacionados con los derechos humanos.
“Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado, cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio”, dijo el Alto Comisionado.
La especialista de la Universidad Iberoamericana consideró que existe un escenario que no es positivo y que se agrava debido a la incapacidad del sistema de procuración y administración de justicia de garantizar investigaciones por violación a los derechos humanos cometidos, y de sancionar a las personas responsables para evitar que haya impunidad.
“Señalar problemas estructurales, así como intervenir en casos específicos, es una parte importante de la asistencia que ofrecemos a muchos países”, agregó el representante de la ONU durante su visita a México.
De la Barreda aceptó que en el país existen serias deficiencias en derechos humanos, que persiste la impunidad “escandalosa” y la tortura, pero de eso, a decir que hay una situación generalizada de violación a los derechos humanos hay una distancia importante.
“Prefiero que los observadores internacionales en ocasiones exageren las cosas, hagan juicios rotundos, quizá no suficientemente matizados, prefiero eso a que el gobierno se opusiera a esa observación internacional”, explicó el coordinador del Programa de Derechos Humanos de la UNAM.
