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En 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 349 averiguaciones previas por lavado de dinero, 73 menos que en 2014, entre ellas está la indagatoria en curso que existe contra Miguel Padrés Elías, hermano del ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés, así como personas relacionadas con los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Guerreros Unidos.
Según la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, de 422 averiguaciones previas que se integraron en 2014, sólo 109 fueron consignadas ante un juez (25.8%) y en 153 no se ejerció acción penal.
Hasta el corte de septiembre de 2015, 56 averiguaciones previas fueron consignadas y en 88 no se ejerció acción penal. Uno de los casos más recientes remitidos ante tribunales fue el del empresario poblano Manuel Rodolfo Trillo Hernández, quien ingresó al penal de máxima seguridad de El Altiplano, por su presunta participación en la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán.
A Trillo Hernández se le identifica como operador financiero del Cártel de Sinaloa y quien financió la fuga del capo el pasado 11 de julio. La investigación que realiza la dependencia arroja que el empresario adquirió bienes muebles con identidades falsas y empresas fantasmas entre 2012 y 2015 con recursos de procedencia ilícita.
En agosto, la PGR aseguró en Tomatlán un complejo turístico ubicado en La Cruz de Loreto, zona declarada por la Unesco como paraíso para aves.
Es una de las 15 empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de compañías ligadas con el narcotráfico y que el Cártel Jalisco Nueva Generación utilizaba para lavar dinero.
En noviembre pasado, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México dictó auto de formal prisión en contra del ex alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Declaraciones de los integrantes de Guerreros Unidos dicen que el ex alcalde de Iguala participaba en dicha organización y que permitía sus actividades en el municipio, además de relacionarlo con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Otro caso es el de Miguel Padrés, relacionado con el expediente AP/GPR/DGCAP/ZNO-XIV/8A/15, por presuntas operaciones ilícitas por 3.3 millones de dólares.
