Más Información
politica@eluniversal.com.mx
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga por el delito de lavado de dinero a Miguel Padrés Elías, hermano del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por lo que su defensa ha solicitado conocer el contenido de la averiguación previa en la que está involucrado.
Los abogados defensores de Miguel Padrés presentaron ante la PGR una petición formal para estar al tanto de la indagatoria, pero al no obtener respuesta por parte de la dependencia promovieron un juicio de amparo para exigir la suspensión de la averiguación previa identificada con el númeroAP/GPR/DGCAP/ZNO-XIV/8A/15, argumentando en su escrito que la delegación de la PGR en Sonora está violando su derecho de petición y a una defensa adecuada.
Consultadas por separado, autoridades de la PGR reconocieron la existencia de la investigación, pero indicaron que aún está en proceso, por lo que no se ha ejercitado la acción penal contra Miguel Padrés, no existe aún ninguna orden ministerial o judicial en contra del hermano del ex gobernador Guillermo Padrés, la indagatoria que inició este año sigue en curso.
La demanda de garantías que presentó la defensa para conocer sobre esta investigación la admitió a trámite el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, que concedió una suspensión definitiva para frenar la indagatoria hasta que se resuelva si procede o no el fondo del juicio de amparo.
El procedimiento jurídico interpuesto por Miguel Padrés Elías tiene como antecedentes una publicación del periódico estadounidense The Wall Street Journal en la que se informó que el hermano del ex gobernador de Sonora habría recibido alrededor de 3.3 millones de dólares de un empresario que, a su vez, obtuvo contratos del gobierno de Guillermo Padrés Elías.
Dentro de las resoluciones que ha emitido el juzgador federal, de acuerdo con el número de expediente 1084/2015, destaca una petición del impartidor de justicia para que Miguel Padrés impugne las actuaciones ministeriales en su contra, pero al no existir órdenes de aprehensión sólo pueden tratarse de comparecencias dentro de la averiguación previa.
El juez Segundo de Distrito de Amparo en Material Penal del DF advierte también que Miguel Padrés no fue localizado en el domicilio que él mismo señaló para recibir avisos y notificaciones, por lo que fue informado a través de la lista de acuerdos del propio juzgado.
“Agréguese el informe justificado rendido y póngase a la vista de las partes. Del contenido del informe se advierte la existencia de un diverso acto y requiérase al quejoso, para que dentro del término de tres días manifieste si es su deseo señalarlo como acto reclamado”, señala el acuerdo judicial.
La siguiente audiencia del juicio de amparo está programada para el 12 de enero de 2016, en la que ambas partes podrían entregar alegatos, derivado de los informes que rinda la PGR sobre este caso.
El 5 de marzo de este año, The Wall Street Journal publicó una nota sobre la existencia de una investigación por lavado de dinero que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizaba sobre bienes inmuebles y operaciones financieras que había realizado el entonces gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, junto con su hermano, Miguel Padrés, por considerar que ambos podrían haber incurrido en el delito de lavado de dinero.
La nota periodística señalaba que el monto de las operaciones irregulares que ambos habían realizado alcanzaba los 3.3 millones de dólares, los cuales provenían de un contratista del gobierno de Sonora que a su vez transfería los fondos a Miguel Padrés.
Los pagos que habrían beneficiado al hermano del ex gobernador fueron hechos por el empresario Mario Aguirre, el cual obtuvo contratos en el gobierno de Sonora por un monto aproximado de 20 millones de dólares en tan sólo un año.
Tras recibir los pagos de Mario Aguirre, Miguel Padrés enviaba dichos recursos a cuentas bancarias abiertas en instituciones de Estados Unidos, sin que se conozca el origen lícito de dichos recursos, lo que motivó la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, instancia encargada de presentar ante la PGR las querellas formales que se derivan de este tipo de ilícitos.
Se confirma que la PGR inició la indagatoria del caso.
