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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
El presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano Grijalva, reconoció que en México la corrupción y el crimen organizado han penetrado las instituciones del Estado y reveló que las autoridades sólo le han podido confiscar a Joaquín El Chapo Guzmán, cuatro coches y una casa.
Al reunirse con el ministro de Justicia de la República Italiana, Andrea Orlando, Zambrano comentó que la confiscación de bienes por parte del Estado a criminales puede tardar años, y el Ejército tiene que cuidar dichos patrimonios por mucho tiempo, “en lugar de que se ocupe en otras tareas que demanden su atención”. Por ejemplo, evitar la fuga de El Chapo Guzmán del principal penal de alta seguridad del país, quien es un criminal famoso internacionalmente y considerado por la revista Forbes como uno de los 10 ricos más importantes del mundo.
El ministro destacó que en la lucha contra el crimen organizado en México existe una falta de continuidad, debido a que “las personas cambian cada dos, tres o cinco años en su administración, lo que hace difícil el seguimiento”.
Agregó que la experiencia contra la mafia italiana tuvo éxito cuando comenzaron a utilizar a quienes se arrepentían por involucrarse en actos delictivos y confiaban en colaborar con las autoridades, porque sabían que no los abandonarían en caso de represalias.
Andrea Orlando mencionó que para evitar las fugas de los criminales, Italia implementó un mecanismo de aislamiento del detenido, que es un punto de partida para evitar que la cárcel se convierta en el cuartel general de los criminales, como se hacía a finales de los años setentas, donde los capos dirigían desde la prisión.
Al encuentro celebrado esta semana en la Cámara de Diputados asistió un grupo de funcionarios del país europeo, integrado por consejeros y el embajador de Italia en México, Alessandro Busacca. También estuvieron los diputados Arturo Santana Alfaro y Waldo Fernández González, del PRD.
Procedimientos. Waldo Fernández solicitó saber cómo se realizan los procedimientos para que los recursos y propiedades de los criminales pasen al Estado y, en su caso, estos se apliquen en el mismo combate en contra de la delincuencia organizada.
El funcionario italiano respondió que en el aislamiento de los criminales, la Constitución prevé una pena que corresponda con un sentido humanitario y de rehabilitación, otra evaluación la dicta el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo, la cual debe tratar una normatividad excepcional.
El objetivo de este tipo de intervenciones, agregó, es impedir las relaciones entre internos y externos, pero sólo hasta que exista peligro de agresión de estas organizaciones criminales a la comunidad y al Estado.
