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La política del Estado mexicano respecto al consumo de la marihuana ha entrado a una nueva fase de análisis. En el ámbito institucional la resolución de la Suprema Corte de Justicia que recientemente amparó a cuatro personas para que puedan consumir dicha sustancia con fines recreativos detonó el debate, al que se sumó el presidente Enrique Peña Nieto, quien además hizo una convocatoria nacional para que en esta discusión se escuchen todas las voces y todas las posturas.
Hay organizaciones y personajes de la sociedad civil que desde hace varios años han mantenido el tema en la agenda pública. Por ello, no es menor el hecho de que, a partir del fallo en el Poder Judicial, el titular del Poder Ejecutivo impulse un espacio formal para una discusión documentada, amplia e incluyente que tiene el propósito de dar fundamento al diseño de nuevas políticas públicas.
Para el gobierno de la República, el consumo de sustancias psicoactivas en general y de la marihuana en particular, trasciende la dimensión policial y punitiva; se sitúa también en el terreno de la salud pública, la política social y la protección de los derechos humanos, en especial de los individuos y grupos más vulnerables, incluyendo particularmente a las niñas, niños y adolescentes.
El hecho es que la interacción entre el tema penal y la política de salud es indisoluble para esta discusión. Conforme a esta perspectiva y en el marco jurídico vigente, el problema del narcotráfico debe atacarse de manera integral considerando tanto el fenómeno de la oferta de drogas como el de su demanda.
Desde el punto de vista de la demanda, la discusión se centra en el análisis sobre si una política punitiva sirve para inhibir el consumo de marihuana. Al respecto hemos dicho ya en otros foros que no es admisible, bajo ningún supuesto de política pública, criminalizar al consumidor. Y por ello debemos reflexionar, a la luz de la sentencia de la Suprema Corte, sobre la cantidad de personas que hoy en día se encuentran enfrentando problemas de salud que requieren del establecimiento de una política pública tendente a la atención específica de esa circunstancia.
El diseño de las nuevas políticas públicas respecto del consumo de marihuana implicará una revisión profunda del marco jurídico, no sólo penal, sino también de salud. Esas modificaciones son un punto de llegada, y para construir los acuerdos que las hagan posibles se requiere acercar al legislador la evidencia científica sobre los efectos de la droga en las personas, pero también sobre sus impactos sociales. Hay diversas experiencias internacionales que se están estudiando y que se deben comparar para recoger las mejores prácticas que sean apropiadas para nuestro país.
En todo caso, los programas que ya existen en los ámbitos de prevención, intervención temprana y rehabilitación deben continuar como parte fundamental de la política de drogas del Estado mexicano. Particularmente en los sectores más vulnerables como el de los jóvenes, niñas y niños puesto que no hay ninguna duda respecto de los efectos negativos para el desarrollo de las funciones cognitivas en los menores de edad. Fuera de este acuerdo que, me parece, es general e irrebatible, hay una pluralidad de puntos de vista respecto de este asunto. La sociedad merece un debate serio, informado, abierto e incluyente para que todas las opiniones se expresen y contribuyan a la conformación de la política de drogas que México necesita de cara al futuro.
Procuradora general de la República
