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El Programa Frontera Sur creado para contener el flujo no ha podido detener el aumento de violaciones a los derechos humanos que cometen tanto las autoridades como grupos delictivos, de forma que el crimen organizado sigue controlando el paso de los migrantes por México, afirma en un reciente estudio la Oficina de Washington para América Latina (Wola, por sus siglas en inglés).
El informe Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México, que se elaboró en coordinación con ocho organizaciones, indica que se “han documentado abusos en operativos que se llevan a cabo cada vez más en colaboración con instancias de seguridad”.
Se alerta que el crimen organizado sigue siendo una amenaza para los migrantes en su tránsito por el territorio.
Alberto Xicoténcatl, de la Casa del Migrante de Saltillo, dijo que en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, así como en Nuevo Laredo y Reynosa, Tamaulipas, existe un “despunte significativo del crimen organizado”, a través de secuestros y trata de personas en la modalidad de explotación laboral y sexual.
Karina Ramírez, integrante de Un Mundo, una Nación, explicó que se han identificado secuestros y extorsiones en Veracruz, mientras que en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, se ha detectado que la policía comete delitos.
María Conrad, representante de la Iniciativa Kino para la Frontera y la Red Sonora, expuso que se documentaron casos en los que migrantes pagaron al crimen organizado entre 300 y hasta 2 mil dólares para que los dejaran pasar a Estados Unidos, además, se han cobrado rescates de hasta 10 mil dólares.
Los representantes de las diferentes organizaciones explicaron que las acciones del gobierno federal para reducir la migración no han tenido efectos, pues se ha detectado un cambio de rutas, principalmente por los estados de Chiapas y Oaxaca.
