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La Procuraduría General de la República (PGR) consignó a Adán Zenen Casarrubias Salgado, El Tomate, presunto líder de la organización criminal Guerreros Unidos, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, quien ingresó a una prisión federal en Sonora.
El Ministerio Público de la Federación también puso a disposición de un juez federal a Armando Cuevas Padilla y Armando Cuevas Nava, quienes fueron ingresados en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11, de Sonora, señalados como presuntos integrantes del grupo criminal.
Los tres inculpados fueron detenidos el 29 de octubre en un operativo que realizaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal (PF) en Morelos.
En el despliegue de las Fuerzas Armadas y federales también fue detenido Erik Ulises Ramírez Crespo, alcalde del municipio de Cocula, Guerrero y Eloy Flores Cantú, quien se identificó al momento de su captura como asesor jurídico del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. La PGR emitió un comunicado en el que informó que, además de ellos, otras dos personas más que fueron detenidas en el operativo rinden su declaración ministerial, en espera a que se defina su situación jurídica.
“Las otras cuatro personas seguirán a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades”, detalló la PGR.
Estas personas fueron ubicadas y detenidas en el restaurante La Cabaña, en Cuernavaca, Morelos, y se les aseguraron seis armas de fuego —tres largas y tres cortas—, así como un paquete con heroína.
Ayer, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) informó que, de las siete personas arrestadas, ejerció la acción penal en contra de tres, entre ellas el líder de Guerreros Unidos, quienes fueron trasladados al Cefereso de Hermosillo, Sonora.
Sobre este escándalo en el que se ve envuelto el PRD, el partido argumentó que pidió con oportunidad a la PGR verificar los antecedentes de sus candidatos. La dependencia respondió que no tiene facultades legales para realizar dichas investigaciones, a pesar de que recibió solicitudes para que indague a candidatos y notifique si alguno de los aspirantes tenía antecedentes de actas circunstanciadas o averiguaciones previas, en las que se les vinculara con actos ilícitos.
“Como se informó en su momento a los representantes de los partidos políticos que lo solicitaron, la PGR reitera que no se encuentra dentro de sus atribuciones verificar los antecedentes de los candidatos a puestos de elección popular”, explicó la dependencia.