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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, criticó la ola de violaciones de derechos humanos y el predominio de la impunidad en México, como fueron los casos de Iguala y Tlatlaya, aunque también reconoció los avances constitucionales, así como la reducción de la tasa de homicidios y secuestros en el país.
Al destacar que 98% de los crímenes que se cometen en el país quedan sin resolver, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a ofrecer más y mejor protección a defensores de derechos humanos y periodistas.
Ante los miles de casos de desapariciones expresó: “El fracaso de la policía, del sistema de justicia para esclarecer el paradero de las víctimas y lo que les sucedió, y sobre todo, de los sucesivos gobiernos y del sistema político en su conjunto para detener estos crímenes no sólo es lamentable, es profundamente trágico”.
El Alto Comisionado puso atención particular en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotizanapa, Guerrero, del que afirmó que es un “microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México”.
Agregó que el caso Iguala también evidenció la debilidad de la policía, incluyendo “su frecuente y directo involucramiento en la comisión de crímenes, lo que también tiene un impacto en la justicia. Si la policía no funciona adecuadamente, entonces el sistema de justicia en su conjunto corre el riesgo de ser disfuncional. El nuevo sistema penal tendrá que superar los problemas que enfrentan la policía y los forenses, así como la debilidad del sistema de investigación”, alertó.
Resaltó que México cuenta con al menos 26 mil casos de personas desaparecidas y que nuevos casos ocurren cada día.
Tendencias preocupantes. Al Hussein respaldó “por completo” los hallazgos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en el país, y recordó que 151 mil 233 personas fueron asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015.
Señaló que fue una sorpresa para él la reacción y los ataques de algunos políticos cuando el relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan Mendéz, dijo que existe una prevalencia de este crimen en el país. Indicó que esas reacciones de México a otros informes internacionales también ha sido una tendencia preocupante.
“En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje. Todos estamos de su lado. Todos queremos ayudar a México. Ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros, y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos de este país”, expuso.
Condenó las acciones del crimen organizado que ha generado violencia en el país, así como las desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales presuntamente llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales.
El Alto Comisionado también reconoció los avances constitucionales y legales en materia de transparencia, el acceso a la información, el combate a la corrupción, la desaparición y la tortura, así como la reducción de la tasa de homicidios y secuestros.
Recomendó al gobierno mexicano fortalecer las procuradurías para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean investigadas; y la capacidad de las policías para llevar a cabo sus funciones.
Solicitó el retiro de las fuerzas militares en materia de seguridad y la implementación de las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Ruego que este gobierno pueda comprometerse con un renovado sentido de urgencia para resolver los enormes retos de derechos humanos que enfrenta”, concluyó.
