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La liberación de cuatro militares involucrados en los hechos de Tlatlaya sólo muestra que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) no han garantizado el acceso a la justicia de las víctimas, sostuvo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Dijo que la principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya, quien es representada legalmente por esta organización, tuvo conocimiento de la liberación de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014, por los medios de comunicación.
La organización indicó que la resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima, tanto en el fuero civil como en el militar.
“Si bien este Centro de Derechos Humanos desconoce por esta situación los extremos de la resolución, ha trascendido que el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México ordenó la libertad de estos cuatro elementos, continuando sujetos a proceso penal federal otros tres. Lo anterior, en cumplimiento a una determinación del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México”, expuso.
Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, el Centro de Derechos Humanos recordó que tres elementos de esa dependencia siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos.
Para la agrupación, llama la atención la actuación de la PGR, que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente.
También, dijo, es interesante la actuación del Poder Judicial Federal, garante del debido proceso para todas las personas sujetas a juicios penales, incluidas las víctimas.
“De persistir la PGR y el PJF en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos”, advirtió.
Recordó que desde el informe presentado por este Centro de Derechos Humanos el 2 de julio pasado, las respuestas de las autoridades federales han sido insuficientes.
La PGR, aseguró, se negó a investigar la cadena de mando, sin mayor fundamentación que su sola negativa, decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse. A más de un año de la masacre, señaló, es pertinente recordar que la CNDH, resolvió en una recomendación que hubo violaciones graves.
