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El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl González Pérez, afirmó que la resolución de un juez de liberar a cuatro militares consignados por su presunta participación en el asesinato de civiles en Tlatlaya, Estado de México, no es definitiva y confió en que la Procuraduría General de la República (PGR) apele el fallo judicial
“La resolución de un juez, que conllevó a la liberación de cuatro personas que habían sido consignadas, no es definitiva y confío en que la PGR ejerza su facultad de apelación”, comentó el ómbudsman tras participar en la Semana Nacional de la Transparencia en la antigua casona de Xicoténcatl.
Explicó que la CNDH investigó violaciones a los derechos humanos, por ello desde la perspectiva del trabajo realizado por la comisión a su cargo se acreditaron estas faltas sobre el caso.
“Emitimos una recomendación y ésta fue aceptada por las tres autoridades destinatarias: la PGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, un documento que fue avalado y está acreditado; es todo lo que tendría que decir”.
Falta de elementos. El lunes pasado un juez federal emitió una resolución en la que se dejó en libertad a cuatro elementos del Ejército porque no encontró pruebas para procesarlos por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y encubrimiento.
Empero, siguen presos en el Campo Militar número 1 para enfrentar su proceso por violaciones al reglamento castrense. Los otros tres soldados implicados en el caso seguirán los procesos civiles como militares en su contra por la muerte de ocho personas, de un total de 22 que perdieron la vida en una bodega.
En su recomendación la CNDH expuso que en el caso Tlatlaya hubo “violaciones graves a los derechos humanos” que lastiman a la sociedad y no deben repetirse.
La Comisión documentó que en el caso se cometieron delitos como “privación arbitraria de la vida, uso de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia”.
Según la declaración preparatoria de los elementos castrenses que fueron liberados por falta de pruebas, ellos estaban dentro de la bodega —donde fueron hallados 22 cuerpos— y no supieron lo que ocurrió dentro de la misma el día de los hechos, porque brindaban lo que ellos denominan “seguridad perimetral”.
En junio pasado, EL UNIVERSAL informó que a un año de los hechos los tres principales testigos del caso Tlatlaya cayeron en contradicciones en sus declaraciones.
Según la Averiguación Previa AP/PGR/-SEIDO/UEITA/174/2014 en las versiones de las tres testigos, cuya veracidad es clave para el proceso penal, aseguraron que estaban secuestradas, pero después cambiaron su declaración.
Dos de ellas aseguraron que eran sexoservidoras contratadas por integrantes de un grupo armado que el 30 de junio de 2014 se enfrentó a elementos del Ejército.
Una de ellas explicó que estaba secuestrada en su declaración ante el Ministerio Público, y al momento del enfrentamiento se encontraba amarrada, junto con otras personas, y que los elementos del Ejército le gritaban a los hombres que estaban en la bodega que se rindieran.
Pero en un nuevo testimonio admitió que el día de los hechos estaba en la bodega, a la que llegó un día antes, porque una mujer la invitó a trabajar como sexoservidora con los integrantes del grupo armado.
