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Para la investigación de posibles actos de tortura, la Procuraduría General de la República (PGR) creará un comité de monitoreo y un grupo consultivo en el que participarán miembros de la sociedad civil para verificar la aplicación correcta de dictámenes médicos.
Precisa que al servidor público que conozca de un hecho de tortura y tratos o penas crueles, y no lo denuncie, se le iniciará investigación, además, se dará aviso a los órganos de control y vigilancia de la PGR.
En el acuerdo que establece las directrices de actuación de casos de presunción de tortura, publicado por la PGR en el Diario Oficial de la Federación, se establece que la dependencia tendrá un Comité de Monitoreo y Evaluación de Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura u otros Tratos Crueles.
Dicho comité estará conformado por la titular de la PGR, los subprocuradores, la Visitaduría General, el Órgano Interno de Control, el titular de la Coordinación de Servicios Periciales, así como dos representantes de la sociedad civil, especialistas en materia de combate a la tortura, y un representante del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, A.C.
Al mismo tiempo la PGR y la Secretaría de Gobernación iniciaron ayer los trabajos de consulta pública para la elaboración del proyecto de ley general que busca prevenir, combatir y sancionar la tortura a fin de evitar ese tipo de trato, que representa una violación a los derechos humanos.
En la inauguración del foro sobre el tema en la Secretaría de Gobernación, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, señaló: “Tenemos una oportunidad histórica para renovar el marco normativo sobre la tortura y combatir de manera enérgica y definitiva una de las prácticas más aberrantes a las que se enfrentan los aparatos de procuración y administración de justicia de todos los países”.
Agregó: “Es nuestro deber estar a la altura de la defensa de los derechos humanos que manda nuestra constitución y nuestro país exige”.
A su vez, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, consideró la necesidad de legislar sobre la tortura y dijo que para la elaboración del proyecto de iniciativa de la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es indispensable la opinión y el compromiso de los estados, así como la participación de la sociedad civil.
Apuntó que se debe tener una legislación que contemple acciones de coordinación de los tres órdenes de gobierno para sancionar a los culpables y reparar el daño a las víctimas.
