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El gobierno federal consideró que no refleja la realidad el informe preliminar elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que advierte de una grave crisis en la materia y lanza 21 recomendaciones al Estado mexicano.
Un par de horas después de que la CIDH presentara el documento sobre la situación de derechos humanos en México, el subsecretario del ramo de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, ofreció una conferencia de prensa en la que aclaró que un análisis levantado en cinco días, con información de sólo seis estados (Coahuila, Nuevo León, Guerrero, Tabasco, Veracruz y el Distrito Federal), no es un reflejo de la situación general que vive el país.
“No somos ajenos a los retos que nuestro país enfrenta. Sin embargo, no compartimos que un informe preliminar, realizado en un plazo de cinco días, y sobre casos particulares, pueda reflejar la situación general del país. Creemos que este informe preliminar no refleja la situación del país, ya que se circunscribe a zonas, a regiones en donde sabemos que tenemos enormes retos”, declaró.
El subsecretario de Derechos Humanos insistió en que el análisis preliminar no pone en evidencia el intercambio de información que ha existido entre las distintas autoridades y los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “tampoco refleja las posturas que estos últimos han manifestado sobre los avances que existen en cada materia”.
Salidas fáciles. En las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, Campa Cifrián fue contundente con instituciones como la CIDH, pues comentó que soluciones de fuera —que no pertenecen a instancias mexicanas— son salidas fáciles que conducen al fracaso.
“Estamos convencidos de que ni en el Sistema Interamericano, y mucho menos en nuestra legislación, se prevén acciones para sustituir instituciones. En el caso de México, la historia también acredita que las conclusiones del país las tenemos que encontrar los mexicanos, las soluciones en donde vengan de fuera a resolvernos sustituyendo las soluciones de los mexicanos son siempre salidas fáciles y que conducen al fracaso”, sostuvo.
Particularmente sobre el caso Ayotzinapa con la desaparición de los 43 normalistas, tema en el que la Comisión Interamericana puso mayor énfasis, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob explicó que eso fue una situación extraordinaria que no se compara con ninguna otra que se haya presentado.
“La situación que vivimos el año pasado en Iguala, en Ayotzinapa, por distintos motivos, por diferentes razones, por distintas características, es una situación absolutamente extraordinaria”, aclaró Campa Cifrián.
A pesar de que la CIDH tendrá seis meses más para realizar el análisis completo, el gobierno federal respetará el trabajo de los delegados y expertos que continuarán en territorio mexicano. La Comisión se comprometió, en este sentido, a entregar sus observaciones completas el primer semestre del 2016, y por tanto el gobierno federal espera que refleje a plenitud la situación del país en materia de derechos humanos.
En un par de semanas más, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladará a Washington, Estados Unidos, a las sesiones de la Comisión Interamericana para revisar una serie de pendientes.
Los retos. Para el gobierno federal los retos no son menores, y por tanto no se pueden resolver con respuestas a corto plazo, sostuvo Roberto Campa Cifrián.
El trabajo de la Federación va encaminado a concretar la transformación de fondo del Sistema de Justicia Penal, con el objetivo de garantizar plenamente los derechos de víctimas e imputados en todo el país.
También se impulsa la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en 2011. A la par, el gobierno mexicano desarrolló tres programas para atender y erradicar de manera específica la trata de personas, la violencia de género y la discriminación.
Campa Cifrián destacó la Ley General de Víctimas, con la Comisión Ejecutiva y Fondo Económico para la atención y reparación del daño para víctimas directas e indirectas.
“Se impulsó también una reforma constitucional para legislar en materia de desaparición y tortura, y en este sentido, a la brevedad será presentada la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, así como la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura”, detalló.
Campa Cifrián subrayó el caso de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, reconocida por el Comité de las Naciones Unidas (ONU) como un parteaguas en la materia; y la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, bajo un mecanismo que protege actualmente a 463 personas.
