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El ex edil de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, es señalado por sus presuntos cómplices como parte de la estructura operativa de la organización criminal de Guerreros Unidos.
Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) dan cuenta de que el funcionario recibía en las oficinas de la presidencia municipal a los líderes y operadores del grupo criminal para planear sus actividades.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, la dependencia cuenta con los elementos suficientes para la consignación de Abarca Velázquez, a quien se le relaciona directamente como miembro de la organización Guerreros Unidos.
Este es uno de los cinco procesos penales que existen en contra del ex presidente municipal de Iguala, Guerrero, por diversos delitos.
De acuerdo con las declaraciones que están integradas al expediente, la sede de la presidencia municipal de Iguala sirvió como “centro de operaciones” de Guerreros Unidos.
Se indica, por ejemplo, que en los primero días de septiembre de 2014 —antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa— el entonces edil Abarca Velázquez recibió en las oficinas de la alcaldía a Raúl Núñez Salgado, El Camperra, operador financiero de Guerreros Unidos; a José Luis Ramírez, encargado de plaza en Buena Vista, así como a Gildardo López Astudillo, El Gil, a quienes les pidió ayuda para que retiraran a unos vendedores que invadían el Zócalo de Iguala, Guerrero.
Declaraciones incriminatorias. Las declaraciones de los integrantes de Guerreros Unidos refieren que el ex alcalde de Iguala tenía una participación activa en dicha organización y que permitía sus actividades bajo su consentimiento en el municipio.
Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa son señalados como los cerebros financieros de la organización, según afirmó en sus declaraciones ministeriales Sidronio Casarrubias Salgado, El Chino, máximo líder de la organización.
El presunto narcotraficante detalló ante la PGR que “el ex munícipe de Iguala controlaba la mitad de los ayuntamientos que conforman la región norte de Guerrero”.
El expediente indica que “Abarca Velázquez presuntamente tenía comprados a los alcaldes de seis municipios que colindan con el Estado de México y con Morelos”, como informó EL UNIVERSAL en octubre pasado.
La causa penal 1/2015, radicada en el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, deriva del secuestro de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En el expediente que se consignó ante el juez, una de las declaraciones que forman parte de esta indagatoria es la de Yazareth —hija de José Luis Abarca Velázquez y de María de los Ángeles Pineda Villa— quien fue testigo presencial de las constantes llamadas que recibía su padre entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante su declaración en calidad de testigo y acompañada por su abogado, la joven Yazareth aseguró ante el Ministerio Público de la Federación que Abarca Velázquez siempre estuvo al pendiente desde el primer momento de la llegada de los normalistas a Iguala por medio de llamadas telefónicas que sostuvo con sus empleados, entre ellos, Francisco Salgado Valladares, ex subdirector de la Policía Municipal de esa localidad y a quien se le relaciona con Guerreros Unidos.
En la causa penal 100/2014, en el Juzgado Primero de Distrito, también en Matamoros, Tamaulipas, se le acusa del delito de delincuencia organizada por el ilícito de delincuencia organizada, bajo las hipótesis para cometer los delitos de secuestro y contra la salud.
Específicamente se le acusa del secuestro de Arturo Hernández Cardona, activista del PRD y miembro de Unión Popular, y por el homicidio de Justino Carvajal Salgado, ex síndico de Iguala y sobrino de Félix Salgado Macedonio.
En el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México se encuentra la causa penal 1003/2014, por los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el ilícito de enriquecimiento ilícito.
Asimismo, José Luis Abarca Velázquez enfrenta dos procesos penales del fuero común, uno por homicidio calificado en agravio de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava —estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa— y Blanca Montiel Sánchez, quien viajaba un taxi el día del ataque; David Josué García Evangelista, jugador del equipo Avispones de Chilpancingo, y Víctor Manuel Lugo Ortiz, operador del autobús del equipo de futbol.
El otro proceso que enfrenta es por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de 61 personas.
