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alberto.morales@eluniversal.com.mx
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, descarta la opción de regular el consumo de la mariguana para fines recreativos como planteó Arturo Zaldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista con EL UNIVERSAL Escobar sostiene que la administración del presidente Enrique Peña Nieto dejará un legado en materia de prevención como política nacional, sin descuidar la contención.
Destaca los 140 mil millones de pesos para prevención, donde intervienen nueve dependencias.
Para este año, el Programa Nacional de Prevención del Delito cuenta con un presupuesto de 2 mil 600 millones de pesos; sin embargo, reconoce que hay entidades que no han comprobado los recursos destinados a programas de prevención en los ejercicios fiscales 2013 y 2014, por lo que acudirá a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que revise esos expedientes, y advierte que no habrá recursos para quienes no cumplan con las normas.
Explica que México no tiene problemas de adicciones, por ello la estrategia federal busca fortalecer donde hay debilidad institucional que el crimen organizado ha asumido para liberar rutas a Estados Unidos o generar narcomenudeo en zonas donde hay instituciones débiles.
Señala que recuperar el Estado de derecho y la estabilidad política en Guerrero es de “máxima prioridad” para el gobierno federal, porque el lugar puede convertirse en un caso emblemático en el país.
“Es una entidad donde hay que trabajar de forma conjunta, de manera integral y transversal, porque de no salvar a Guerrero es la forma en que [la violencia] se derrama en Morelos, sobre lo que recuperamos en Michoacán y, en consecuencia, en Jalisco”, declara.
El funcionario asegura que la atención integral de Guerrero tiene que pasar primero por recuperar la confianza de la sociedad en la autoridad, para poder implementar una política pública que sea acompañada por la ciudadanía. “Si queremos salvarlos requerimos que participen, porque no hay soldados suficientes y no hay Policía Federal necesaria para salvar un municipio o una entidad”, señala.
Comenta que a diferencia de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde la intervención federal tardó cinco años para recuperar la convivencia social, todo el estado de Guerrero es un caso especial de “diagnóstico reservado”.
“Es un reto mayor, el tema de Guerrero. Acapulco genera complicidades adicionales por la falta de policía municipal, pero tenemos un alcalde electo valiente [Evodio Velázquez, PRD], quien entiende que hay que gobernar para todos, que comparte la filosofía del gobernador electo Héctor Astudillo (PRI), que hay que entrarle al toro por los cuernos”, declara.
“Todos los días creamos diagnósticos nuevos, estamos invitando a gente que no había participado, nuevas organizaciones, a la academia de universidades públicas y privadas. En los próximos días me reuniré con el presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), para que todos puedan participar”, dice.
Adelanta que alista una política pública que contempla un programa de desarme, similar al que se aplicó en Washington para cambiar armamento y recuperar los espacios públicos, que entrará en vigor en Guerrero, Sinaloa, y Michoacán.
Desde el pasado 9 de septiembre, Escobar recibió una “tormenta” de críticas por su militancia en el PVEM [uno de los partidos políticos más multados por el INE] y por su falta de experiencia en prevención del delito.
Señala que como administrativos tienen que enfrentar “retos y tormentas” todos los días, pero ataja de inmediato cuando se le pregunta si su nombramiento corresponde a un compromiso político del gobierno federal con su partido.
En Chihuahua hablábamos de una ciudad y aquí es todo el estado, ¿Guerrero es más difícil que Juárez?
—Es un reto mayor, porque en Juárez las maquiladoras daban espacio de actividad económica y empleo. El tema para Guerrero, inclusive el turismo para Acapulco, genera complicaciones adicionales por la falta de policía municipal. Hoy hay buenas noticias en Acapulco, un alcalde electo valiente que entiende que se debe gobernar para todos.
¿Qué balance tiene del programa a tres años de su implementación?
—Todavía hay territorios donde se requiere mantener la paz, salvaguardar la libertad y el patrimonio de los mexicanos, pero hay otras zonas del país que en los últimos años estaban inmersos en situaciones de conflicto brutales, como Ciudad Juárez, Torreón, Gómez Palacio y Durango.
En Torreón hay una colonia Nuevo México, donde la violencia provocada por el crimen y el narcotráfico provocó el éxodo de más de 2 mil familias. Se convirtió en un caso de éxito a partir de que se desplegó el nuevo esquema de prevención social, sin descuidar la parte de la contención.
Asegura que el gobierno de Peña Nieto dejará un “legado” de generar una política de prevención social de carácter nacional, a partir de una ley con presupuesto y a partir de que la instauración se dé en las 32 entidades del país, con un centro de prevención.
“Será el legado que tendría que dejar 2018, por supuesto, ya como una política de Estado, la prevención será un asunto de todos los días”.
¿En qué fase está la construcción de ese “legado”?
—En la etapa de poder perfeccionar la política pública a nivel federal, tenemos más de 200 programas o acciones que un gobierno estatal o municipal pueden escoger.
Los problemas de violencia y delincuencia son multifactoriales, la descomposición tiene que ver desde la deserción escolar, el acoso, el pandillerismo, su respuesta tiene que ser multidisciplinaria. Estamos en la etapa de poder perfeccionar el diagnóstico.
¿En cuántos municipios hay focos rojos?
—Para este año desplegamos más de 2 mil 600 millones de pesos, en 107 municipios, en más de 220 polígonos, principalmente en las capitales donde hay mayor hacinamiento y pobreza urbana, por medio de una política de prevención donde intervienen nueve dependencias, con 140 mil millones de pesos al año para prevención.
¿Cuál es su compromiso?
—Mi objetivo es utilizar mis capacidades de gestión con gobernadores, presidentes municipales y secretarios de Estado, para que la mayor cantidad de recursos económicos se inviertan en los polígonos que son parte del Pronapred, porque ahí están situadas las peores historias del país. Además vamos a meter la participación activa de la academia para que participe en los diagnósticos.
¿Ve viable la legalización de la mariguana?
—Es mucho peor la liberación que la contención. México no puede pensar convertir en un hombre de negocios a El Chapo Guzmán, o a La Barbie.
Si Estados Unidos, Canadá, América Latina y la ONU definen generar una política nueva en materia de liberación de la mariguana, es un tema que habrá que debatir.
¿Qué opinión le merece el proyecto del ministro Arturo Zaldívar que propone legalizarla con fines de esparcimiento?
—Respeto mucho al ministro Zaldívar, considero que refrescó el debate en la Corte, en muchas resoluciones he coincidido, este proyecto no lo comparto. México, por su ubicación geográfica estratégica, tiene que mantener la posición de que las drogas son un tema de salud pública y se tiene que perseguir un delito, y a partir de ahí no mantener una posición de liberación hasta que la ONU pueda abrir un debate y podamos resolver de manera científica las consecuencias positivas y negativas de liberalizarla.
Dijo que se apoyaría en las ONG, pero éstas lo han rechazado, ¿ya pasó la tormenta?
—Cuando estás en la administración pública siempre hay tormentas, retos y complejidades. Estoy obligado todos los días a probar que estoy capacitado, que puedo dar resultados y probar a la sociedad que la invitación que me hizo el Presidente es la correcta. Tengo la capacidad para el cargo y puedo traer nuevos atributos. Las puertas están abiertas para todas las organizaciones.
Su nombramiento se vio como un pago de favores electorales del PRI a su partido, ¿qué dice?
—Si hubiera sido así, había tantas carteras en materia ambiental, en conservación, en materia de agua, me hubieran ubicado ahí. La invitación del Presidente tiene que ver con mi formación jurídica, con mi experiencia empírica en la construcción de acuerdos y con mi relación con la mayoría de los actores, tanto en el gobierno federal como en los estatales, para tener una coordinación intersecretarial para bajar de forma focalizada los recursos económicos.
¿Han detectado algún estado, que haya jineteado el dinero para prevención?
—Voy a mandar algunos expedientes de entidades que no cumplieron con los lineamientos en 2013 y 2014, independientemente del partido, lo voy a hacer. Quien no cumpla a cabalidad con la comprobación de los recursos económicos no los tendrá en 2016. No vamos a desamparar a los municipios o a los polígonos, los vamos a manejar. Esto no es un juego.
¿Qué estados son?
—Lo estamos construyendo, estamos acabando los análisis que entregaremos a la ASF, seguramente a finales de octubre o principios de noviembre estaremos en condiciones de anunciar qué entidades no cumplieron, no vamos a salvar a nadie.
¿En qué consiste el programa de desarme?
—Hay zonas de este país que se han convertido en el viejo oeste, donde todos traen pistola, por ello debemos generar una política pública para desarmarlos, especialmente en Sinaloa, Michoacán y Guerrero estamos construyéndolo y retomando las experiencias de Washington y Chicago, donde por medio de la prevención intercambiaron armas para recuperar espacios.
¿En el DF hay alguna zona que les preocupa?
—Sí, Iztapalapa es una de ellas, Gustavo A Madero y Cuauhtémoc son otras. El DF es una ciudad tan grande que a veces se desvanece la nota.
¿Hay crimen organizado en el DF?
—Hay una percepción de que se puede transitar en libertad en la mayoría de la zona. No tengo los números para decir que hay crimen organizado, seguramente el Secretariado Ejecutivo los tiene, pero yo estoy más en el escenario de generar política de prevención social.
