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José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa no tuvieron nada que ver con el ataque ni con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, aseguró en entrevista exclusiva para EL UNIVERSAL su abogado, Luis Arguelles.
“El ex alcalde es un gladiador, un cristiano que mandaron a los leones. Su detención sólo ha servido para apagar un poco el odio social por el caso de los estudiantes”, comentó.
Los procesos penales que pesan sobre sus clientes los califica como “repletos de violaciones al debido proceso y de inconsistencias. Si nos ajustamos a ley y a las actuaciones, deben ser absueltos, deben salir libres”.
El caso de la ex presidenta del DIF municipal de Iguala es “un conjunto de consignaciones donde repiten los mismos hechos. Un rollo mareador”.
Al ser detenida se le acusó inmediatamente de cohecho. “Ella no ofreció 500 mil pesos ni un auto de lujo a los agentes que la atraparon, no tenía ninguna razón para hacerlo”.
Un juez de Matamoros, Tamaulipas, se negó a capturarla. “Creo que no debemos dudar de la independencia del Poder Judicial; aunque a veces dudemos de ciertos actos concretos”, acusó el abogado refiriéndose a que la PGR mantuvo arraigada a María de los Ángeles hasta que un juez del Estado de México libró la orden de aprehensión en su contra en enero de este año, acusada de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero.
Por otra parte, la Procuraduría General de la República “ha enredado” el proceso de José Luis Abarca. Se le persigue por los asesinatos de Justino Carvajal Salgado y de Arturo Hernández Cardona, síndicos de Iguala, causas por las que ya fue investigado en 2013. También enfrenta un proceso penal por delincuencia organizada.
Abarca Velázquez no tiene ninguna orden por el secuestro o el asesinato de los 43 normalistas. Con relación a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sólo se le acusa de omisión, asegura el jurista.
“El derecho humano a la defensa está completamente coartado, hecho trizas”, indicó el litigante al detallar las violaciones al debido proceso de sus representados: “Se les privó de la libertad sin orden de aprehensión, aseguramiento o arraigo; no se les permitió, ni se les permite acceso a su defensa; no se les tomó declaración preparatoria; fueron consignados varias veces; no se les informó de todo lo que se les acusa, ni se les toman las consideraciones dentro del plazo constitucional”.
Además, en el caso de Pineda Villa, “entorpecieron su defensa mandándola al penal federal de Tepic, Nayarit”.
El abogado comenta: “La Comisión Nacional de los Derechos Humanos actúa como parte del Estado”, considera que sólo ha velado por las garantías de los jóvenes desaparecidos, sin tomar en cuenta las violaciones que han sufrido Pineda Villa y Abarca Velázquez.
“Sería muy peligroso afirmar quién o quiénes los están involucrando directamente con el caso de los normalistas, pero Abarca está consciente que es un chivo expiatorio”.
Arguelles reclamó que “han atosigado mediáticamente” a sus defendidos. Dijo que se les ha señalado como La Pareja Imperial y que no eran prófugos porque no había orden de aprehensión. “Hasta la fecha, el linchamiento público subsiste”.
José Luis Abarca Velázquez y María de los Ángeles Pineda Villa están a la espera de que se resuelvan los recursos de apelación y los juicios de amparo. Luis Arguelles confirmó que no acudirán a instancias internacionales. Hasta la fecha, Abarca y Pineda se han reservado el derecho a declarar.
