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Entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2015, el gobierno de Estados Unidos presentó ante las autoridades mexicanas 79 solicitudes formales de extradición, de las cuales 44 se concretaron con la entrega de los imputados, informó la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González.
En el marco de la Reunión de Intercambio Binacional de Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de la Alianza Estatal de la Conferencia of Western Attorneys General (CWAG), la titular de la PGR también dio a conocer que en el mismo periodo, México presentó ante el gobierno norteamericano un total de 16 solicitudes de extradición, que se han formulado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Agregó que en el último año, las extradiciones concedidas por México a otros gobiernos suman 45, de las cuales 44 fueron otorgadas a la justicia estadounidense, es decir, que 98% de las personas extraditadas por nuestro país hacia algún país extranjero son enviadas a la Unión Americana.
La procuradora consideró que dichas cifras son una evidencia de que los instrumentos jurídicos internacionales que ha suscrito México con Estados Unidos y otros países, “reportan mayores beneficios” para las partes involucradas.
En este marco, destacó que la sofisticación del crimen organizado ha trascendido fronteras, por lo que se requiere combatirlo con “una colaboración permanente a nivel institucional e internacional”, actualizando los sistemas de trabajo de la Policía de Investigación y del Ministerio Público Federal.
“No sólo es deseable el intercambio de información y la colaboración con autoridades y actores de otros países, sino que es nuestra obligación, establecer y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional que garanticen a la sociedad que el refugio de delincuentes fuera de la jurisdicción nacional no suspende el combate a la criminalidad”, insistió.
Acompañada por un representante de la embajada de Estados Unidos en México, Arely Gómez también destacó el “momento histórico” que vive la justicia mexicana al transitar de un modelo de justicia inquisitivo hacia un sistema penal de corte oral adversarial.
“La implementación de este nuevo modelo es un desafío, ya que su objetivo es minimizar las cargas procesales, dinamizando y haciendo más flexible el proceso de investigación para evitar que las causas se prolonguen indefinidamente hasta volverse una negación del concepto de la justicia”, sentenció.
Por último, dio a conocer que 27 delegaciones estatales de la PGR están aplicando un plan piloto para la implementación del nuevo sistema de justicia penal en diversas entidades del país, además de que entró en vigor el nuevo sistema de justicia en los estados de Durango, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur y Puebla.
