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Para las organizaciones internacionales Human Rights Watch y Amnistía Internacional, el nuevo informe del grupo de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para valorar la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero deja al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno mexicano para encontrar y castigar a los responsables.
“La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría de que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente”, dijo Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En un comunicado, la activista expresó que México vive una de sus peores crisis de derechos humanos de las últimas décadas.
Indicó que el catálogo de fallas en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas que ha denunciado el grupo de expertos es una enorme mancha en la reputación del gobierno mexicano que sólo podrá comenzar a resarcirse si se encuentra a los responsables.
Mientras, para la organización Human Rights Watch el gobierno mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción.
“Lo que se necesita es real voluntad política para encauzar la búsqueda e investigaciones y así responder al urgente clamor de justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Para esto, dijo, es fundamental que el gobierno mexicano implemente, sin demoras, todas las recomendaciones del grupo de expertos y lleve a la justicia a los responsables de las anomalías en las investigaciones.
Indicó que el gobierno debería abordar inmediatamente las fallas en su investigación sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes ocurrida en septiembre de 2014 y llevar a los responsables ante la justicia.
Dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) debería investigar de inmediato las denuncias de graves abusos y obstrucción de justicia planteados por un grupo de expertos internacionales que evaluó la investigación oficial sobre las desapariciones.
El informe que ayer presentó el grupo de expertos internacionales designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refuta la versión oficial sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
La versión oficial sostenía que los 43 estudiantes habían sido detenidos por policías municipales y entregados a miembros de una organización delictiva, quienes mataron a las víctimas y quemaron sus cuerpos en un basurero municipal cercano. Según el grupo de expertos, estas conclusiones se basan en declaraciones de testigos que habrían sufrido graves abusos y que son contradictorias con la evidencia física.
“Este informe contiene una evaluación extremadamente crítica sobre la actuación de México ante la atrocidad de derechos humanos más grave de los últimos tiempos”, precisó José Miguel Vivanco.
“A pesar de que el mundo tenía los ojos puestos en México, y de los enormes recursos asignados, las autoridades demostraron ser incapaces o no estar dispuestas a llevar a cabo una investigación seria”, afirmó el activista.
El informe cuestiona aspectos clave de las conclusiones de la PGR, que aseguró haber esclarecido el caso en enero de 2015. Según el grupo de expertos, es “imposible” que 43 cuerpos hayan sido cremados en el basurero y “no existe ninguna evidencia” que sustente esa hipótesis.
En julio de 2015, a más de nueve meses de iniciada la investigación, el grupo descubrió que numerosas prendas de vestir que pertenecían a las víctimas habían sido recogidas pero nunca habían sido analizadas.
El grupo de expertos concluyó que muchos detenidos sufrieron lesiones provocadas por abusos deliberados. Varios presuntos implicados les dijeron a los expertos que fueron torturados por agentes de seguridad.
Asimismo, el informe revela que los agentes de la PGR solamente enfocaron sus investigaciones en cuatro autobuses que llevaban a los estudiantes y no investigaron el posible nexo entre las desapariciones y un quinto autobús, que también trasladaba a estudiantes.
Para Human Rights, las conclusiones del grupo de expertos son el resultado de seis meses de análisis de las evidencias disponibles y el expediente judicial, pericias independientes de los lugares de los hechos y entrevistas con presuntos implicados, autoridades federales, testigos sobrevivientes y familiares de víctimas.
“La falta de resolución del caso de Ayotzinapa por las autoridades resulta incluso más inquietante ante la inusual atención que el caso ha recibido del público y las reiteradas ocasiones en que el gobierno aseguró estar comprometido con su resolución”, indicó Human Rights Watch.
“Sin este informe, la magnitud de las fallas en la investigación probablemente nunca hubieran salido a la luz y el caso de los 43 estudiantes se habría cerrado”, indicó Vivanco.
“El mandato del grupo de expertos debería ahora ser renovado para que pueda monitorear las investigaciones que se lleven a cabo sobre este y otros casos de derechos humanos. Claramente, las instituciones judiciales del país necesitan de escrutinio externo para evitar que se repita este desempeño lamentable”, señaló.
Para Amnistía Internacional, el gobierno mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción. “Lo que se necesita es real voluntad política para encausar la búsqueda e investigaciones y así responder al urgente clamor de justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos”, destacó.
“Para esto, es fundamental que el gobierno mexicano implemente, sin demoras, todas las recomendaciones del grupo de expertos y lleve a la justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones”, concluyó.
