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La procuradora general de la República, Arely Gómez anunció que solicitará un nuevo peritaje, con expertos forenses de alto prestigio, para aclarar la incineración en el basurero de Cocula, como parte de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
Durante un mensaje a medios de comunicación, después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público un informe sobre el caso Iguala, la procuradora Gómez informó que “el Estado mexicano solicitará la prórroga del mandato para que el grupo de expertos pueda concluir sus trabajos”.
“Respecto a la información relativa al peritaje, sobre los hechos específicos de la incineración en el basurero de Cocula, he instruido se atienda la propuesta contenida en el anexo Informe pericial, aspectos relacionados al fuego referente a la necesidad absoluta de realizar una investigación de altísimo nivel”, con peritos con una formación y experiencia consistentes con la magnitud del problema”, agregó.
La procuradora destacó que “se solicitará la realización de un nuevo peritaje a cargo de un cuerpo colegiado de peritos forenses del más alto prestigio”, y la PGR continuará con la investigación hasta que el último responsable sea consignado.
La funcionaria señaló que los resultados, conclusiones de las entrevistas del trabajo de campo y de los estudios que los expertos de la CIDH llevaron a cabo, son analizados desde ayer, y serán incorporados a la investigación que lleva la PGR.
“En lo que respecta a la autoría de estos hechos las conclusiones del Grupo de Expertos confirman las líneas de investigación de esta Procuraduría, en el sentido de que las policías municipales de Iguala y Cocula participaron en la comisión de estos delitos”.
Tales corporaciones policiales, expresó, fueron cooptadas por la delincuencia organizada, “como se ha podido acreditar de las actuaciones que obran en el expediente”. El Grupo de Expertos también refiere que la delincuencia infiltró la administración municipal del entonces alcalde José Luis Abarca, y destacadamente a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio”, explicó.
Por lo que anunció que la averiguación previa estará a cargo del titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y se solicitó la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas, para que sean resueltos por el mismo juez federal.
La procuradora Gómez dijo que Abarca fue detenido y se encuentra recluido, sujeto a diversos procesos penales, además detalló que derivado de la investigación ministerial se ha ejercido acción penal en contra de un total de 131 personas, de las cuales han sido aprehendidas 110 y enfrentan un proceso penal.
La funcionaria señaló que desde el pasado 19 de agosto en todas las procuradurías y fiscalías de la República Mexicana se encuentra en vigor el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Delito de Desaparición Forzada.
En el mensaje a medios, desde la sede de la procuraduría, estuvieron presentes, además de funcionarios de la PGR, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
