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La defensa de Calixto Estrada Castillo, ex dueño del predio en el que desemboca el túnel que utilizó Joaquín El Chapo Guzmán para fugarse del penal de alta seguridad de El Altiplano, aseguró que no hay elementos suficientes para inculpar a su cliente por lavado de dinero.
Estrada Castillo compareció esta semana en calidad de indiciado, ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República (PGR), por haber realizado una transacción en efectivo por 1.5 millones de pesos, recurso que recibió, al parecer, proveniente de la organización que encabeza El Chapo Guzmán.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el abogado Juan Jorge González Ortega señaló que Calixto realizó la transacción ante notario y recibió el dinero en efectivo, posteriormente realizó el depósito a su cuenta, por lo que existen las fichas para comprobar la cantidad que recibió.
Agregó que para que se configure el delito de lavado, el ex dueño del predio tenía que saber que el dinero que recibió era de procedencia de una organización criminal, situación que ignoraba durante la venta.
Es la segunda ocasión en que Estrada Castillo acude a las instalaciones de la PGR para declarar ante el agente del Ministerio Público de la Federación por la venta del terreno.
Sus hermanos Cecilio y Luis, así como su esposa Teresa, también se presentaron ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
De las 20 hectáreas de terreno que adquirieron los hermanos Estrada Castillo cerca del penal de máxima seguridad de El Altiplano, Calixto vendió sus cinco hectáreas en 1.5 millones de pesos a una persona que se identificó como Francisco Ramírez León.
Cabe recordar que la celda 20 del área de tratamientos especiales del penal, en donde era vigilado las 24 horas del día Joaquín Guzmán por un sistema de circuito cerrado, tenía dos puntos ciegos para no invadir su privacidad en el área sanitaria y de regadera, mismos que fueron aprovechados por el capo para su fuga.
La gente de Guzmán Loera sabía la forma en que estaba construido el penal, tuvo de su lado a expertos topógrafos y utilizaron tecnología de punta para cavar con precisión el túnel.
Es la primera ocasión en que la PGR ofrece una recompensa de 60 millones de pesos por un fugitivo.