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Tras una investigación de 18 meses del Congreso de Estados Unidos, los Departamentos de Justicia y Seguridad Interna modificaron sus políticas y prácticas para el uso de fuentes confidenciales, a fin de evitar que éstas continúen con sus actividades criminales, y se establezca mayor control sobre los agentes federales que las utilizan, señala información obtenida por este medio.
En enero de 2014, EL UNIVERSAL dio a conocer que agentes estadounidenses negociaban, sin el conocimiento del gobierno de México, con miembros de los cárteles del narcotráfico, especialmente de alto nivel, lo que influyó para que la violencia se incrementara en el país, al permitirles continuar con sus actividades criminales a cambio de obtener información de los grupos rivales.
La investigación del Congreso estadounidense indica que en 2013, último año del que se dispone información, las agencias de la ley de Estados Unidos utilizaron a más de 16 mil personas bajo esta figura como parte de sus investigaciones criminales, y agrega que “los informantes pueden ser críticos para una investigación, pero sin una apropiada supervisión pueden ocurrir problemas que minan la credibilidad del papel del informante en la investigación”.
Lee J. Lofthus, asistente administrativo de la Fiscalía General, informó que en febrero pasado, tanto el organismo antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Marshalls comenzaron a actualizar sus políticas de empleo de fuentes confidenciales consultando con la División Criminal.
Jim H. Crumpacker, el enlace entre la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General, reportó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) está actualizando su “Manual de Informantes” que data de 2012, en el que se incluye ahora un apartado sobre el descuido de las actividades ilegales de los informantes.
El endurecimiento de las reglas de uso de informantes, entre otros, incluye ahora que las fuentes confidenciales no podrán realizar actividades ilegales, como la venta de droga, a menos que explícitamente y por escrito se tenga ese acuerdo con los agentes de Estados Unidos, siempre y cuando contribuya a la investigación.
Adicionalmente se establecieron actividades de monitoreo de los agentes, con la presencia de supervisores que efectuarán inspecciones en las oficinas generales, en oficinas de campo; también se contará con formas estandarizadas que cubren todas las políticas de la “Guía de Uso de Informantes Confidenciales” y que ayude a obtener información necesaria.
Estas modificaciones representan las primeras significativas que se efectúan desde que se publicó la “Guía del Procurador General sobre el uso de fuentes confidenciales” que data de 2002, y con ello se endurecen los controles para evitar que las fuentes continúen con sus actividades criminales mientras colaboran con las autoridades de EU.
A partir de junio pasado comenzó la aplicación escalonada de las nuevas reglas, las cuales continuarán paulatinamente y se prevé se apliquen totalmente en enero de 2106.
Esto es un viraje a una política de varias décadas, ya que en la guerra contra las drogas en Colombia el empleo de testigos protegidos fue fundamental para que las autoridades obtuvieran información que llevó a la detención de líderes del narcotráfico, entre ellos Pablo Escobar Gaviria, líder del Cártel de Medellín.
En México la figura de testigo protegido o colaborador data de 1996, en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pero durante el sexenio de Felipe Calderón se registró un abuso en su empleo y algunos testificaron en procesos de agencias de EU.
Ahora, la guía que se emplea en investigaciones de las agencias integradas al Departamento de Justicia, entre ellas la DEA y el FBI, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, señala que ésta aplica también para las fuentes confidenciales de países extranjeros si la fuente puede ser llamada como testigo en un caso local, como han sido los relacionados con narcotráfico en tribunales de Estados Unidos, como el Cártel de Sinaloa, según lo informó este diario.
En el caso de México, David Gaddis, entonces Director Regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en Estados Unidos, autorizaron que sus oficiales se reunieran con miembros de grupos del narcotráfico, sin informarlo al gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos por escrito, que los informantes miembros de los cárteles siguieran operando en los últimos dos sexenios.
“En gran parte porque estamos ahí [en México] como operación para recabar inteligencia y apoyar las investigaciones en Estados Unidos. En ese sentido, he entrevistado a varios miembros de cárteles y narcotraficantes como Zambada Niebla en México. No es como entrevistar a un fugitivo que camina en mi oficina en San Diego, donde puedo arrestar al fugitivo. En México no puedo”, afirmó el agente de la DEA, Manuel Castañón, en su declaración por escrito integrada al proceso de Vicente Zambada Niebla en Chicago.
Al respecto, Rusty Payne, vocero de la agencia antidrogas de Estados Unidos señaló que “la DEA no hará comentario sobre estos reportes en curso. El señor [David] Gaddis no trabaja ya para la DEA”.
De acuerdo con la versión pública de la investigación realizada por la GAO, fechada el 15 de septiembre pasado, los descuidos de los agentes federales de Estados Unidos provocaron repercusiones sobre la seguridad, como lo ejemplifican las operaciones Amplio Receptor y Rápido y Furioso, debido a que los agentes no vigilaron la venta de armas de sus fuentes confidenciales, lo que provocó que las armas llegaran a cárteles del narcotráfico de México.
En la versión pública del reporte que distribuyó la GAO en marzo pasado entre el gobierno de Estados Unidos, se informó que ocho componentes de los Departamentos de Justicia y Seguridad Interna cuentan con políticas que se refieren a los procedimientos establecidos en la “Guía de Informantes Confidenciales”.
Tales agencias son el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); Agencia Antidrogas (DEA); Buró Federal de Investigaciones (FBI); el Servicio de Marshalls (USMS); Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE); Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); Guardia Costera (USCG) y el Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS).
Los informantes conocidos como “chivos” o “ratas” son personas que reportan a las autoridades sobre las actividades criminales de otros, por naturaleza muchos son delincuentes, por lo que los agentes en Estados Unidos los usan para ayudar a resolver y prevenir delitos, explicó Daniel V. Ward, del Boston College Law Review.
jram
