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El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), llamó a las autoridades a atender las demandas y exigencias de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, pues dijo que casos como este requieren de sensibilidad para reconocer el dolor que viven otros y voluntad para encontrar soluciones de fondo.
A un año de la desaparición de los estudiantes y el reconocimiento de la deuda que las instituciones del Estado mexicano tienen con los familiares de los desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el senador consideró que la indignación y el dolor deben convertirse en acción positiva.
“El Congreso tiene también deberes que aportar: debe concretar, en el corto plazo, un marco jurídico eficaz para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas y en manos de particulares, así como una reforma profunda a la ley de víctimas”.
El senador condenó que un grupo de encapuchados aprovecharan la marcha del sábado para causar daños y alteraciones al orden público: “Condenamos a quienes usan el dolor y la indignación de los padres para alterar el orden público. La exigencia pacífica de los padres no debe ser usada por un grupo de violentos”, afirmó.
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, insistió en que se mantenga la cooperación internacional en la investigación de los hechos, ya que es indispensable la colaboración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras desmentir la llamada “verdad histórica” del gobierno federal con respecto a la cremación de los cuerpos.
Anaya Cortés afirmó que su partido, desde el Congreso de la Unión, dará el respaldo total a las familias de los 43 estudiantes, para ello, instruyó a los coordinadores en la Cámara de Diputados y en el Senado para conminar al gobierno a cumplir su deber de localizar a los jóvenes y castigar a quienes resulten responsables de su desaparición.
El presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, afirmó que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha logrado encarcelar a más de 100 de los culpables y que fueron los probables asesinos de los 43 estudiantes.
Confió que con la investigación que hizo la PGR apoyada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y las instrucciones que ha dado el Presidente, de hacer un nuevo peritaje, puedan salir —si es necesario— más culpables y meterlos a la cárcel.
Respaldó las acciones anunciadas por el Ejecutivo, como realizar una pesquisa que no deje dudas, atender las recomendaciones y líneas de investigación del GIEI, así como asegurar la atención a las víctimas, realizar nuevos peritajes y crear una Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
