A un año de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indicó que las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades, por lo que a la fecha no se han podido deslindar responsabilidades ni que todos los implicados sean consignados; llamó a evitar el uso político de estos acontecimientos, así como cualquier “distorsión” que contamine la investigación.
El organismo indicó que sería pertinente llevar a cabo una “revisión integral” del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) para detectar omisiones o irregularidades, las cuales tendrán que ser investigadas y sancionadas.
Exhortó al gobierno federal para que dé respuesta “puntual” a los planteamientos de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, así como de sus representantes y de diversas organizaciones sociales,
formulados en la carta que entregaron al Presidente en la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre.
Sostuvo que para que la sociedad recupere la credibilidad en sus instituciones, las autoridades deben dar respuesta a la demanda de “justicia y verdad” de los mexicanos en torno al caso Iguala; insistió que los hechos de hace un año deben ser el parteaguas para renovar el compromiso de las autoridades en favor del respeto a la dignidad humana y la vigencia del Estado de derecho. Astrid Rivera
