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Un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de la ex coordinadora de Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), Celina Oseguera Parra, y de otros servidores públicos acusados de permitir y colaborar, por acción u omisión, en la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, por lo que suman 13 en total.
Las resoluciones dictadas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, marca el inicio del juicio penal en contra de Oseguera Parra y de los otros 12 imputados por el delito de evasión de presos, en la modalidad de ayudar o permitir la fuga de un reo sometido a proceso penal por cometer delitos contra la salud.
En todos los casos, el delito se agrava por la condiciones de servidores públicos que tenían todos los imputados al momento de la fuga ocurrida la noche del pasado 11 de julio en el penal federal de “El Altiplano”, fecha en la que Guzmán Loera huyo de su celda a través de un túnel que vulneró la seguridad de esa institución penitenciaria.
El Consejo de la Judicatura Federal detalló que luego que se recabaron sus respectivas declaraciones preparatorias dentro del plazo constitucional en cada caso fueron dictados los autos de plazo de formal prisión en las fechas señaladas:
El 20 de septiembre de 2015, se dictó auto de formal prisión contra el Ex-Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El 23 de septiembre de 2015 se dictó auto de formal prisión contra cuatro monitoristas de la Policía Federal comisionados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.
El 24 de septiembre de 2015, se dictaron los restantes autos de formal prisión, contra cinco monitoristas de la Policía Federal; el comandante de la Primera Comandancia; la Directora Jurídica, todos comisionados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; y, en contra de la ex-Coordinadora General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.
Determinación a la que llegó el juez al considerar que los servidores públicos dentro de sus respectivas funciones, cargos o comisiones incurrieron en omisiones que favorecieron a la fuga de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo".
Antecedentes
El Consejo de la Judicatura refirió que el pasado 16 de septiembre de 2015, el Titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, libró orden de aprehensión por el delito antes referido; mandato de captura que fue cumplido en momentos distintos, en contra de 13 personas que se desempeñaban como servidores públicos.
Precisamente entre ellos, la ex coordinadora General de los Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; el ex director general, la directora jurídica, nueve monitoristas del centro de control y el comandante de la Primera Comandancia del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Mencionó que los indiciados varones quedaron a disposición del juez de la causa, en internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; mientras que las dos inculpadas (Entre ellas Oseguera Parra) fueron internadas en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", en el Rincón, Estado de Nayarit.
El CJF mencionó que existe también la diversa 48/2015-II en el mismo juzgado también está relacionada con los hechos ocurridos el 11 de julio de 2015 (evasión de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias "El Chapo Guzmán") y actualmente se encuentra en instrucción por siete procesados.
Entre ellos, dos servidores públicos del CISEN, dos monitoristas, un jefe de seguridad y dos custodios todos comisionados al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México quienes apelaron, respectivamente, a los autos de plazo constitucional.
Hizo notar que los bienes muebles e inmuebles relacionados con la construcción del túnel de mil 425 metros que desemboca en la famosa celda 20 continúan asegurados a disposición de la Agente del Ministerio Público Federal consignadora, a fin de continuar con las líneas de investigación pendientes.
