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En lo que respecta a seguridad pública y derechos humanos, el Tercer Informe de Gobierno destaca avances en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y también señala acciones en el caso Tlatlaya.
En el caso Ayotzinapa, el documento señala que hasta el momento se tiene un registro de 180 personas en calidad de víctimas, incluye a los integrantes del equipo de futbol Avispones, quienes recibieron atención multidisciplinaria.
Asegura que en Iguala, en donde ocurrieron los hechos, hay presencia permanente de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación (Segob) para implementar un programa de atención a las víctimas.
En otro apartado destaca un operativo especial en Iguala, en coordinación entre autoridades federales y organizaciones de la sociedad civil realizando labores de búsqueda que se han extendido en otros municipios como Cocula, Eduardo Neri, Teloloapan, Tepecoacuilco, Taxco, Cuetzala, Huitzuco, además de localidades de Morelos y Estado de México.
Luego de la desaparición de los normalistas, se indica que se realizaron reconocimientos aéreos y terrestres, con tecnología que identifica vida a través de muros, además de la utilización de un sistema de geolocalización. Como parte de la indagatoria, se puso a disposición a 116 presuntos delincuentes, sin embargo omite nombres.
En su informe, por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le dedicó un párrafo al caso Ayotzinapa, en el que mencionó que tuvo que hablar de la desaparición de los 43 estudiantes en las reuniones internacionales.
En el apartado Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, la Cancillería explicó que suscribió el acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para complementar las acciones nacionales en torno a la investigación de este caso.
Señaló que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes visitó México en cinco ocasiones.
Añadió que al país le preocupa el tema del Estado de derecho, pues fue uno de los que propuso la importancia de incluir este asunto en las negociaciones de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
En el caso Tlatlaya, el informe señala que a solicitud de la Segob, de la Defensa Nacional, PGR, del gobierno del Estado de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se acercó a las víctimas para salvaguardar sus derechos. Agrega que hasta el 31 de agosto del año en curso se ha registrado a 93 personas como víctimas.
